Lo que fue presentado como un proyecto millonario que ayudaría a reactivar la economía del país, se ha transformado en un dolor de cabeza para el Presidente peruano, Ollanta Humala. Porque las manifestaciones en contra del proyecto minero Tía María -de la empresa mexicana Southern Copper- que se han extendido por más de 50 días y han dejado un saldo de tres muertos y más de 200 heridos, ha golpeado duramente la imagen del gobierno, criticado por no contener escalada del conflicto, tal como ocurrió en Cajamarca en 2011 y 2012.
Southern Copper contempla la inversión de US$ 1.400 millones para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones. Sus detractores señalan que la futura mina de cobre -ubicada en la provincia de Islay, Arequipa- contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo, pese a que la empresa ha dicho que usará agua de mar desalinizada en sus operaciones.
Los violentos enfrentamientos de los pobladores con la policía provocaron que Humala haya evaluado declarar estado de emergencia, aunque finalmente optó por la intervención de las Fuerzas Armadas. "La situación mostró una vez más la falta de liderazgo del Presidente Humala, a la vez que ha reconfirmado su convicción de apoyar la inversión privada", dijo a La Tercera, Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.
El ex presidente Alan García (2006-2011), criticó a Humala y recordó que el mandatario se manifestó en contra de este proyecto en la campaña electoral de 2011. Porque fue precisamente en el gobierno de García cuando se anunció el proyecto de Tía María y se originaron las primeras manifestaciones que dejaron 3 muertos en 2011, por lo que el plan se paralizó por dos años.
"Todo tiene una implicancia pre-electoral. Incluso Keiko Fujimori ha pedido la suspensión de Tía María, de manera muy oportuna. El mundo al revés, la derechista Fujimori contra la inversión privada y el izquierdista Humala a favor de ella", añadió Benavente.
Según la agencia EFE, la actuación de la empresa ha sido criticada y el gobierno anunció la suspensión de las conversaciones con la minera hasta que aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero a dirigentes comunales a cambio de terminar las protestas. Así, la ejecución del proyecto es cada vez mas incierta y se teme que tenga la misma suerte que el plan aurífero de Conga, suspendido en 2012, tras enfrentamientos en Cajamarca que dejaron cinco muertos.