Señor director:

Una nota publicada recientemente en su diario se refiere al dictamen de la Contraloría que ordena derribar las “rejas perimetrales de las torres de Carlos Antúnez”.

A diferencia de lo señalado por la fuente, la reja no es perimetral. El emplazamiento de éstas, algunas levantadas hace cinco años y otras hace seis meses, no rodea a la Unidad Vecinal Providencia (UVP), sino que la divide dejando fuera del mal llamado “perímetro” a casi 3.000 residentes, entre ellos los habitantes de las “torres de Carlos Antúnez”.

Asimismo, es importante recordar las causas de la ilegalidad de la reja. Primero, la ausencia de autorización de los propietarios, miles de los cuales no fueron consultados. Sólo se consultó, en un proceso informal a un porcentaje menor de residentes. Además, se instaló sin autorización de la Dirección de Obras Municipales, lo que en materia urbanística constituye una irregularidad grave. Está construida en un bien nacional de uso público, dejando sin vereda sur la calle Luis Middleton, contrario a lo que establece la ley y exponiendo a cientos de peatones a ser arrollados por el tránsito de vehículos.

Peor es la falta de ética: la UVP y sus áreas comunes pertenecen a todos sus propietarios, y la instalación de esta reja atropella el derecho de propiedad de la mayoría. Es un deber jurídico y moral que la Municipalidad proceda a su demolición.

Pilar Anguita, Eduardo Averill, Doris Gaedicke, Carlos Mora y Pascal Volker    

Organización vecinal 

“Salvemos la Unidad”