EN LAS ULTIMAS dos semanas la opinión pública ha conocido una seguidilla de situaciones de diversa índole y no vinculadas entre sí que apuntan a posibles irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, aunque no se ha establecido si en estos casos hay responsabilidades efectivas que hacer valer, el impacto político ha sido contundente: las renuncias del ministro de Defensa, del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del agregado cultural de la embajada chilena en España. Las autoridades tienen la obligación de investigar cada uno de los hechos cuestionados   -incluidos en dos informes entregados por la Contraloría General de la República- y determinar si se justifica aplicar sanciones, pues la súbita profusión de casos y la gama de ámbitos que abarcan hacen sospechar la existencia de ciertas prácticas en las Fuerzas Armadas que pueden estar reñidas con la probidad y con los estándares de transparencia que la ciudadanía espera de autoridades e instituciones.

El detonante fue la polémica compra de un puente mecano sobre el Biobío por parte del Ejército, para enfrentar los problemas de conectividad vial generados por el sismo del año pasado, tras un proceso de licitación cuestionado por la Contraloría, que al respecto ha ordenado sumarios en esa rama de las FFAA, así como en las carteras de Defensa y Obras Públicas. Luego se conocieron los cuestionamientos del ente contralor a la forma en que el Ejército pretendió adquirir una residencia oficial para el Jefe del Estado Mayor Conjunto por un millón de dólares, pues el inmueble se habría elegido previamente, no en función de los requisitos que debía cumplir, sin un proceso competitivo que considerara otras opciones y otros precios. La Contraloría también cuestionó la duplicidad de funciones de personas que eran socias de una empresa privada de comunicaciones y que al mismo tiempo prestaban asesorías a honorarios a la Armada en el marco de la organización de la Regata Bicentenario. En paralelo, luego de realizar una auditoría de oficio, el ente contralor pidió al Ejército abrir un sumario por procedimientos que consideró irregulares en la construcción del nuevo Hospital Militar. Finalmente, la Fuerza Aérea ha anunciado que abrirá una investigación por las denuncias en torno a varios contratos firmados por el ex comandante en jefe de la institución que involucrarían a miembros de su familia.

Naturalmente, hasta el momento sólo se trata de acusaciones que deben ser comprobadas en las instancias pertinentes, por lo cual no es posible atribuir responsabilidades. En todo caso, la variedad y amplitud de las investigaciones -que involucran con distinta intensidad a las tres ramas de las FFAA- llevan a pensar que existen indicios de que se ha desarrollado en el ámbito de la Defensa una forma de hacer las cosas que no cumple con estándares de transparencia y probidad.

El nuevo titular de Defensa ha manifestado su voluntad de indagar a fondo estos hechos, ajustando el programa de su gestión para darles a estos problemas la máxima prioridad. La reserva que, por motivos de seguridad nacional, debe rodear a muchas de las actividades de las FFAA no debe ser obstáculo para que las investigaciones que se llevan adelante permitan transparentar ante el país el funcionamiento de sus instituciones uniformadas.