Señor director:

En Estados Unidos, donde el aborto es legal y de libre demanda hace más de 40 años, y no se criminaliza a quienes deciden abortar, han surgido organismos, como "Proyecto Raquel" y "Campaña No más silencio", que dan a conocer el daño causado a muchas mujeres que abortan. Si en un país donde existen todas las libertades para abortar existen estas instituciones, quiere decir que la culpa que ocasiona un aborto se genera en lo más profundo de la persona, y no en las condiciones externas, como ha señalado el Colegio de Psicólogos de Chile.

En el caso de violación, la víctima tiene su autoestima destrozada y no está en condiciones de decidir por sí misma si abortar es la mejor alternativa, por tanto la mayor responsabilidad es de su familia y las figuras adultas que le infundan confianza. Es ahí donde el quehacer profesional cobra un valor relevante.

La declaración del Colegio de Psicólogos señala que no podemos formar parte de situaciones que trasgredan los derechos humanos "promoviendo técnicas, conocimientos ni entrenamiento, que faciliten la práctica de la tortura o de otras formas de tratamiento cruel, inhumano o degradante" (art. 17, inciso 3 Código de Ética), situando este apartado en torno a "obligar a llevar a término un embarazo por violación".

Sin embargo, el aborto se constituye como una práctica de tortura, ya que el feto tiene terminaciones nerviosas, y por tanto siente dolor. El tratamiento que recibe el cadáver del niño/a abortado es indigno, tratado como desecho orgánico, terminando literalmente en el tarro de la basura.

Por ende, la declaración transgrede los mismos principios éticos que dice defender, tanto en el conocimiento empírico que tengo de las secuelas psicológicas que sufre la madre, como en la degradación humana que sufre el feto.

Paz Fernández K.

Psicóloga y voluntaria de

Proyecto Esperanza