A fines de septiembre, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Servicio Electoral (Servel) entregar los detalles de los aportes reservados realizados por tres empresas a campañas políticas. Se trata de Cencosud, controlada por Horst Paulmann; Quiñenco, del grupo Luksic; y AntarChile, perteneciente al grupo Angelini.

La decisión de ese tribunal responde a una solicitud realizada por el fiscal Ezio Braghetto, de la zona metropolitana oriente, quien pidió la diligencia en el marco de tres querellas presentada, el 16 de junio, contra esas tres empresas por Óscar Gajardo Sepúlveda, accionista minoritario de las compañías. Previamente, el fiscal solicitó esta información directamente al Servel, entidad que rechazó la solicitud.

También se presentaron querellas contra otras siete empresas -Copec, Banco de Chile, Falabella, Enersis, Endesa, SQM y Lan-, cuya investigación está a cargo del fiscal Jaime Retamal, de la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte.

Sin embargo, hasta ayer, según se registraba en el sistema del Poder Judicial, sólo se había solicitado entregar los aportes reservados de Cencosud, Quiñenco y AntarChile.

En el escrito presentado por el accionista minoritario se acusa apropiación indebida por el hecho de que las empresas hayan entregado aportes monetarios a políticos, supuestamente sin contar con la aprobación de todos los accionistas.

Así, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Servel entregar la información sobre los aportes reservados realizados por Cencosud desde el 16 de junio de 2005 hasta hoy; en el caso de Quiñenco, desde agosto de 2003; y respecto a AntarChile, desde agosto de 2003 hasta junio de 2015.

Fuentes de la fiscalía explican que las empresas tendrían algunas alternativas para apelar, entre ellas, presentar un recurso de protección, un recurso de reposición o una cautela de garantía.

Efectos

En los documentos en que el fiscal Braghetto fundamentó la solicitud al tribunal se pide que se "autorice el alzamiento del secreto respecto a aportes reservados", junto con señalar que "en caso de haberse realizado una o más donaciones, informar los montos correspondientes con la documentación respectiva de cada donación".

Desde las compañías mencionadas en la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía dicen que el alcance de la resolución sería acotado.

Básicamente, desde Quiñenco señalaron que el Servel podría entregar la información sobre los montos de los aportes de las empresas a campañas políticas, pero sin dar a conocer a qué candidatos se les entregó esas donaciones reservadas (ver nota relacionada en página 13).

Sin embargo, la abogada querellante Bárbara Salinas sostiene que la resolución podría repercutir, a futuro, en las investigaciones sobre presuntos delitos tributarios ligados a financiamiento irregular de campañas políticas.

"La reserva de información que contiene esta ley tiene una excepción, y esa fue la ruta que siguió el fiscal para liberarla", dijo ayer Salinas, junto con agregar que "esta investigación que lleva el Ministerio Público y la resolución en cuestión abre el camino para las demás querellas que hemos presentado, e incluso puede abrirlo también para otras investigaciones vinculadas al financiamiento a la política".

En el caso SQM, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitó a tribunales la información sobre los aportes reservados que esa empresa le entregó a 32 candidatos a las elecciones municipales de 2012, para quienes gestionó fondos el senador Fulvio Rossi (PS) con el ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse. Hasta ahora, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago pidió a Chahuán entregar una mayor fundamentación, algo que el fiscal nacional concretó el miércoles pasado.

Y en el caso Corpesca, en julio pasado la fiscalía solicitó al Servel entregar la información sobre los aportes reservados que esa empresa habría entregado para las campañas de los años 2009 y 2013 a Jaime Orpis, Alejandro García-Huidobro, Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi y Hosaín Sabag. Esto, según una denuncia del ex senador Nelson Ávila.

Sin embargo, en agosto pasado el Servel rechazó la solicitud. Aquella vez, el organismo fundamentó la negativa en la Ley 19.884, es decir, aquella en la que se establece el carácter "reservado" de los aportes de empresas a campañas políticas.

Pero días después, el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, fijó públicamente un criterior, al señalar que "si algún juez de garantía levanta el secreto y autoriza a la fiscalía para pedir los antecedentes, nosotros inmediatamente vamos a cumplir con esa orden y vamos a entregar los antecedentes, con el grado de confidencialidad que corresponde".

En todo caso, hasta el cierre de esta edición el organismo aún no entregaba ayer una respuesta frente a la orden emanda desde el tribunal.

Fuentes de la fiscalía explican que el Servel no tiene un plazo determinado o una fecha límite para entregar la información. Y agregan que los datos deben ser enviados por el organismo a través de un oficio.