Para Reino Unido, el 1 de octubre de 2009 fue un día histórico: por primera vez el país cuenta con una Corte Suprema de Justicia similar a las que existen en el resto del mundo. Ayer, 11 magistrados juraron como los primeros miembros del máximo tribunal que reemplaza a los "jueces lores", comité especializado de la Cámara de los Lores que desde 1876 ejercía como última instancia judicial. De hecho, ellos fallaron judicialmente en el proceso de extradición de Augusto Pinochet a España, durante su detención en Londres.

La reforma institucional demoró más de una década en materializarse desde que fuera propuesta por el gobierno laborista del entonces primer ministro británico Tony Blair, a partir de 1997. En concreto, la nueva Corte Suprema representa la separación total de los poderes del Estado en Reino Unido. Además, si bien los magistrados -o Jueces de la Corte Suprema, cómo serán llamados oficialmente- fueron elegidos entre los lores, ya no conservarán ese rango y estarán impedidos de votar en el Parlamento. En todo caso, podrán volver al Poder Legislativo una vez que terminen su período como integrantes del máximo tribunal.

"Este es el último paso en la separación de poderes en este país. Llegamos a este momento de forma gradual y sin apresuramientos. Hemos logrado que los jueces estén separados completamente de los legisladores y del Ejecutivo", afirmó Nicholas Phillips, presidente de la Corte Suprema, tras la ceremonia inaugural.

Bajo la jurisdicción de la Corte Suprema quedarán todas las apelaciones judiciales, a excepción de los casos criminales cometidos en Escocia, que cuenta con su propio máximo tribunal. Otro de los cambios más relevantes del nuevo tribunal es que permitirá la total transparencia de los procesos. Así, por primera vez, las audiencias podrán ser filmadas y el público podrá entrar a los debates. De hecho, dentro de los US$ 94 millones empleados en la remodelación del edificio gótico Middlesex Guildhall -ubicado al frente del Parlamento en Londres- fue incluida la instalación de cámaras permanentes en las salas, que facilitarán la emisión de juicios relevantes por televisión.

Para convertirse en miembro del tribunal, la normativa exige que los candidatos hayan ejercido al menos dos años como juez y tengan otros 15 años de experiencia como abogado. Luego, una comisión de magistrados examinará a los candidatos, que serán aceptados o rechazados por el ministro de Justicia, quien será el encargado de recomendar a la Reina para que se pronuncie finalmente.

Se estima que el funcionamiento de la nueva institución demandará recursos por US$ 21,5 millones anuales. Precisamente, el gasto asociado ha sido criticado por algunas organizaciones británicas, que argumentan que el cambio en el sistema judicial es más bien "cosmético", ya que no se observarían mayores modificaciones respecto de la conformación del máximo tribunal.