Tur-Bus y Pullman Bus, las dos mayores empresas de transportes interurbano de pasajeros del país, negaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) la existencia de un acuerdo para bloquear el ingreso de nuevos competidores al mercado, el que fue denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a comienzos de junio.

El organismo antimonopolios acusó que ejecutivos de ambas empresas, junto a Romani, durante 2009 y 2010 se coludieron para bloquear el ingreso de nuevos competidores al negocio, en particular la Línea Azul, mediante el arriendo de los espacios disponibles para oficinas en los terminales de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Antofagasta (Carlos Oviedo). La FNE sostuvo que tener oficinas en los terminales es un requisito indispensable para que las empresas de transporte interurbano de pasajeros puedan operar, ya que sólo bajo esa condición pueden tener acceso a los andenes.

Según Tur-Bus, que según la FNE tiene 50% del mercado nacional, pero que la empresa cifra en 31%, el requerimiento debe ser rechazado porque no tiene fundamentos. Agrega que la FNE pretende que la firma responda "por conductas vagas e indeterminadas, que no especifica en cuanto a su oportunidad ni demás circunstancias de su ocurrencia".

Según la defensa de Tur Bus, encabezada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, la acusación de la fiscalía "no cumple con los mínimos requisitos que hacen procedente el inicio de un procedimiento sancionatorio".

Falta de sustento

Según Pullman, el requerimiento "resulta particularmente erróneo, pues contiene una serie de afirmaciones que no se sostienen ni aun con los antecedentes que desliza la FNE". La defensa, liderada por el abogado José Miguel Gana, dice que Pullman Bus Costa Central, contra quien apunta la demanda, sólo se dedica a "la prestación de servicios de control diario de vehículos de transportes de pasajeros" y que no es dueño de ningún bus o de otro medio de transporte de pasajeros. Agrega que se la ha mencionado como parte de un grupo de empresas al que no pertenece y que se le acusa de participar en actos ocurridos en mercados en los que "no interviene ni remotamente, como los hechos relativos a los terminales de la II y IV Región del país".

En sus descargos, dice que "jamás ha participado o intervenido en una actuación concertada, menos aún, en alguna que suponga atentar contra la libre competencia". En este caso, al igual que en la demanda por colusión presentada el mismo día por concertar precios y frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, la FNE utilizó por primera vez la facultad de interceptación telefónica, que posee desde 2009.

Interceptación telefónica

Pullman apunta que estas escuchas, "cuya legalidad nos parece al menos cuestionable", dice, se usan para dar un aire de verosimilitud a las acusaciones, pero sin conseguirlo. Pullman dice que uno de los ejecutivos que realiza una de estas conversaciones, Pablo von Breitenbach (mencionado como asesor de la firma por parte de la FNE), no tiene relación con la empresa y que "cualquier comentario o acción desplegada por él lo fue de propia iniciativa, sin intervención ni injerencia de Pullman Bus Costa Central".

Von Breitenbach sostuvo una conversación con el presidente de Tur-Bus, Jesús Diez. La firma señala que sólo se trató de "transferencia de información" que no refleja un plan común. "La referida transferencia de información no creó ningún poder de mercado ni para Pullman ni para Tur-Bus", responde la compañía.