La nacionalización del cobre, en 1971, ha sido una de las decisiones más trascendentales en la historia económica y política de Chile. Se produjo en un contexto de contradicción entre los intereses de las compañías mineras extranjeras y los del país. Mientras Chile procuraba utilizar a la minería del cobre como su "viga maestra para el desarrollo", la producción nacional perdía peso en el mercado mundial y, peor aún, el aporte de la gran minería a la economía nacional era tenue, predominando la percepción de enclaves que no eran capaces de impulsar el desarrollo del país.
La nacionalización fue una respuesta radical, bajo un contexto político y social muy particular en la historia del país, que buscaba aumentar el control del Estado en una industria considerada estratégica. Hoy es posible señalar que, en sus aspectos principales, los objetivos perseguidos por la nacionalización fueron razonablemente conseguidos. La producción chilena de cobre revirtió su tendencia decreciente y comenzó un paulatino aumento, pasando del 11% del total de la producción mundial en 1971 a 17,7% en 1990, año en que se inició la nueva era de producción minera privada de gran escala.
El otro aspecto de gran trascendencia fue que la nacionalización permitió el desarrollo de capacidades nacionales asociadas a la minería, fundamentalmente a través de la formación de capital humano, acelerando el aprendizaje tecnológico nacional que ha sustentado no sólo la producción en manos del Estado, sino también la gran expansión de la minería privada en Chile desde los años 90. La Corporación del Cobre de Chile (Codelco), formada en 1976 para concentrar la administración de los yacimientos nacionalizados en una sola empresa, ha sido un vector de desarrollo tecnológico en el país, liderando los registros de patentes industriales. También a través de la Gerencia de Ventas de Codelco se logró aprender y controlar eficientemente la comercialización del cobre y sus subproductos, pasando en pocos años a jugar un rol de liderazgo en el mercado mundial.
Por otro lado, el marco institucional de Codelco registró muy pocas modificaciones desde su creación, lo que, junto a un rol decreciente del dueño, fue generando un compromiso sub-óptimo con sus necesidades de financiamiento y un marco de acción insuficiente para abordar los grandes temas de su desarrollo, especialmente en los últimos años, en que el mercado mundial del cobre ha experimentado transformaciones estructurales que demandan un crecimiento más acelerado.
 Es por eso que las reformas a su gobierno corporativo aprobadas en 2009 revisten tanta importancia histórica, pues ofrecen un nuevo marco institucional que puede ayudar a la empresa a superar sus grandes desafíos actuales e impulsarla hacia un futuro mejor.
Entre 1976 y 2010, los excedentes aportados por Codelco superan los US$ 62 mil millones, cerca de 12% de los ingresos fiscales del país, lo que ha sido una base fundamental para la acción social del Estado. El gran desafío es potenciar a la empresa para convertirla en el buque insignia de la internacionalización de la minería chilena, maximizando su capacidad productiva y eficiencia, y multiplicando de esta forma los aportes que ha sido capaz de generar para Chile.