CIFRAS entregadas por Carabineros establecen que el año pasado, de los 14 millones de llamados que recibió la institución al fono de emergencias 133, casi 12 millones de contactos no tuvieron resultado alguno, porque en buena parte se trató de bromas o insultos al personal policial. Considerando que esta es una vía de comunicación fundamental que tiene la ciudadanía para denunciar la comisión de delitos o solicitar ayuda en caso de emergencia, el uso inadecuado que muchas personas le dan a esta plataforma es un hecho grave al que se le debe poner freno.

En la normativa vigente no existen sanciones para quienes cometen estas conductas irresponsables, factor que podría estar incidiendo en el alto número de llamados inconducentes que se realizan anualmente, los que aumentaron 31% el 2012 en relación al año anterior, como lo demuestran los datos de Carabineros. El gobierno ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar estas situaciones.

Más allá de una eventual aplicación de medidas punitivas, terminar con este reprochable actuar depende en gran medida de que la ciudadanía tome conciencia sobre las implicancias negativas que tiene el mal uso del 133. En muchos casos, evitar la comisión de un delito o salvar una vida queda sujeto a la rapidez con que Carabineros responda a un llamado de auxilio, labor que se ve entorpecida cuando sus líneas telefónicas se encuentran ocupadas atendiendo requerimientos de índole distractiva. También es necesario que la institución ponga a cargo de responder esas llamadas a personal debidamente calificado y entrenado, pues grabaciones conocidas en casos de alta connotación demuestran que no siempre los efectivos que atienden llamados de emergencia están preparados de manera adecuada.