Detrás de la delgada reja verde, del gendarme armado, de una vieja cancha de fútbol con hoyos en las redes de los arcos y de un camino de tierra con pozas de barro causadas por las lluvias, hay personas que bajan bolsas de supermercado de sus autos. La camioneta blanca del diputado democratacristiano Gabriel Silber se estaciona al lado de los demás vehículos. Son casi las 14 horas del miércoles, justo el momento en que comienza el horario de visitas. "Tendremos que pasar lo más piola posible", les advierte a sus acompañantes, antes de comenzar la inspección.

Los recibe el suboficial mayor Juan Andrade, el segundo funcionario de mayor rango del penal, después del teniente coronel Jonny Avilés, alcaide (S) del establecimiento, quien está ausente. Después del saludo de rigor, Silber entra por primera vez a Punta Peuco, el único de los cuatro penales de su distrito -el 16, que comprende Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil- que no conocía. Adentro viven 63 reos, cuyas condenas por violaciones a los DD.HH. suman 748 años y nueve meses de cárcel, aproximadamente, sin contar los nueve presidios perpetuos y una montaña de causas pendientes.

Hay una larga fila de gente siendo registrada para cruzar la primera puerta de control para entrar a la cárcel. A los costados están los pabellones administrativos de Gendarmería. Las cosas no son tan flexibles como antes. Este año, el horario de visitas de los miércoles fue reducido a la franja entre las 14 y las 17 horas, eliminándose el intervalo matinal entre 10 y 12. Al cruzar la puerta, Silber suelta un "buenas tardes" para las visitas.

-Buenas tardes para todos, menos para uno -responde una mujer que ha reconocido al diputado de la Nueva Mayoría. Este se desentiende y sigue su camino. "Traté de zafar de alguna manera. Estoy desempeñando el rol que me corresponde como diputado de esta zona", comenta el parlamentario. La molestia no es casual. El 22 de julio, Silber fue uno de los 53 diputados que votó a favor de un proyecto de acuerdo que solicita a la Presidenta Michelle Bachelet cerrar Punta Peuco.

Tras el umbral hay oficinas que sirven de locutorios para que los reclusos hablen con sus abogados, las celdas de castigo, una sala de estadísticas y la enfermería, uno de los lugares más concurridos, ya que el 80% de los internos sufre de enfermedades crónicas. Adentro está Oscar Muñoz, el paramédico, que comparte sus labores diarias con una enfermera, pues el doctor asiste sólo dos veces por semana. Le explica que hay una comunicación permanente con la red hospitalaria de las Fuerzas Armadas y que casi todos los reclusos cuentan con previsión militar, salvo los pocos civiles, que tienen Fonasa y son derivados al Hospital San José.

En este momento, mientras Silber y Muñoz conversan, dos de los internos están fuera de la cárcel por razones de salud: Manuel Contreras, en el Hospital Militar, y Claudio Salazar, en el Dipreca. El caso de Contreras es crítico, pues, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia, enfrenta una anemia aguda producto de una leucemia descubierta hace poco. Este problema se suma a enfermedades que arrastra desde hace años, como hipertensión, diabetes, la colostomía a la que se sometió hace algunos años y una insuficiencia renal que lo obliga a dializarse tres veces por semana.

Silber continúa avanzando. Cruza los cuatro módulos con sus 47 celdas, sus respectivos patios, y es conducido hasta el fondo, desde donde se observan los altos muros y sus respectivas alambradas. Los gendarmes quieren mostrarle primero el sector más nuevo del recinto, formado por 12 containers, seis a cada lado del pasillo central. En teoría podrían albergar a 50 reos más si son acondicionados, pero sólo una causa -la que lleva el ministro Hernán Crisosto por la "Operación Colombo", con 85 supuestos ex agentes de la Dina acusados- podría repletar ese nuevo espacio.

Mientras tanto, la mitad de los containers han sido utilizados como dependencias para el asistente social, el psicólogo, una sala de máquinas para el kinesiólogo, una pequeña aula para las clases de inglés, italiano y alemán que organizan los presos entre las 10 y las 12 del día, una capilla para las misas dominicales y una biblioteca. Al ingresar a ella, Silber es recibido amablemente por un hombre de baja estatura que le estira la mano.

-Mucho gusto. Soy Miguel Estay Reyno.

Sólo al escuchar el nombre, Silber entiende con quién está tratando. Es "El Fanta", ex militante comunista que terminó colaborando con los organismos de inteligencia del régimen militar, específicamente en la Dicomcar de Carabineros. Cumple cadena perpetua desde 1995 como uno de los autores del secuestro y asesinato de tres militantes comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en el denominado "Caso Degollados". Hoy es el encargado de la biblioteca, que tiene alrededor de 3.000 libros.

-Hemos ido ampliando el catálogo gracias a las donaciones de la familia. También hay una colección de 600 películas en DVD -cuenta Estay Reyno, con orgullo.

La pequeña biblioteca está dividida en un sector para literatura y otro para no ficción, donde hay libros de historia, filosofía, política, diarios y revistas. "El Fanta" también le recalca a Silber que van a donar algunos libros a la biblioteca de la escuela municipal de Huertos Familiares. El diputado le agradece el gesto y lo felicita antes de despedirse y volver al pasillo principal. A la derecha, están los otros cinco containers desocupados, esperando nuevas sentencias.

Lo último que hay en Punta Peuco antes de encontrarse con el muro y el extenso potrero de fondo son las dos canchas de tenis. "Siempre han dicho que tenemos piscina, pero no es verdad. Desde lejos se ve la piscina de la cárcel de menores que está a un costado. Si uno compara con las cárceles concesionadas nuevas, este es el estándar", explica el suboficial Andrade. Las redes están en su lugar, pues algunos de los reclusos más jóvenes juegan de vez en cuando. Los mayores la usan para dar paseos. Andrade apunta a unas piedras colocadas a un lado de la cancha: "ponen una piedra al lado de otra por cada vuelta que dan a las canchas. Es su sistema, bien rústico, de llevar la cuenta".

Punta Peuco sin Cordillera

Antes de 1995, Punta Peuco era solamente un cerro ubicado en la comuna de Tiltil. El director de Gendarmería de esos años, Claudio Martínez, buscaba un lugar para emplazar una prisión especial ante la inminente sentencia del ministro Adolfo Bañados contra el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza por el homicidio de Orlando Letelier en Washington. Luego de desechar las opciones de la vieja cárcel de Quillota, un recinto del Ejército en el Cajón del Maipo y un terreno ocupado por un jardín infantil en Colina, una subalterna de Martínez se fijó en una colonia penal en Tiltil destinada a reos de baja peligrosidad. Por la cercanía con el cerro, Martínez la comenzó a llamar Punta Peuco. El recinto se completó en pocos meses, a un costo de $ 400 millones, y sin recibir el visto bueno de Contraloría. El 19 de junio de 1995, con la pintura de las paredes aún fresca y un olor insoportable, Pedro Espinoza se convirtió en su primer inquilino.

Casi 20 años después, Punta Peuco ha sufrido diversas ampliaciones y hoy alberga a su récord de población penal: 63 internos. La discusión respecto de si está sobrepoblado no es nueva. Se remonta a 2004, cuando el gobierno de Ricardo Lagos habilitó una nueva unidad especial, dentro de terrenos del Ejército en Peñalolén, que pasó a llamarse "Cordillera". El gobierno argumentó entonces que la validación de la figura de "secuestro calificado" de parte de la Corte Suprema generaría un explosivo aumento en las condenas.

Hace casi un año, la decisión de Sebastián Piñera de cerrar Cordillera llevó a nueve de los 10 internos de ese penal -el general (R) Odlanier Mena se suicidó antes de ser trasladado- a Punta Peuco. Además de ellos, desde entonces han llegado 16 nuevos reclusos y sólo se han ido seis: cuatro de ellos cumplieron condena (Fernando Polanco, Otto Trujillo, Luis Fernández Monjes y Patricio Aravena) y otros dos murieron (Luis Gajardo y David Miranda). En menos de 365 días, Punta Peuco creció de 44 a 63 reclusos.

De acuerdo a un informe realizado por el fiscal judicial Daniel Calvo en 2013, la capacidad máxima es de 48 reclusos, lo que indica que el problema de sobrepoblación es real, aunque distaría de ser "hacinamiento" -como dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez-, una situación común en otras cárceles del país.

"No se explica que la Penitenciaría tenga una capacidad de mil reos y haya seis mil. Quisiéramos tener ahí las mismas condiciones que en Punta Peuco, donde hay una buena cantidad de metros cuadrados por recluso, disponibilidad de baños y dormitorios. Es evidente que hay un trato distinto, pero hay que considerar elementos técnicos más que políticos antes de tomar una decisión", explica Oscar Benavides, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).

El informe de 29 páginas entregado el año pasado por la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia al ex Presidente Sebastián Piñera (Informe de Evaluación Supresión del Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera) propone alternativas para aumentar la capacidad de Punta Peuco. Una implicaba intervenir la sala de uso común del módulo 1 para construir seis habitaciones dobles (12 plazas), a un costo de $ 7 mil millones; la otra, reacondicionar los 10 containers instalados en 2010 para ganar 20 plazas a un valor de $ 32 mil millones. En marzo, el cambio de gobierno dejó estas opciones en espera.

Como abogado de varios ex uniformados presos en Punta Peuco, Mauricio Unda valora el juicio que el ministro Gómez hizo durante la semana respecto de la necesidad de la segmentación penal. "Las medidas de seguridad no están dadas para estos presos en otros establecimientos. Punta Peuco se creó debido a que existían ciertas circunstancias que hacían imposible su estadía en otro lugar. Esas circunstancias no han cambiado", asegura Unda.

El ministro ha señalado que el cierre de Punta Peuco no está dentro de los planes inmediatos. Fuentes de su cartera agregan que la preocupación pasa por limitar los beneficios de algunos condenados que salen del penal hasta 15 horas diarias, como es el caso de José Fuentes Castro y Guillermo González Betancourt, ambos condenados por el "Caso Degollados".

El camino de vuelta lleva a Silber hasta un estrecho sector llamado "La Favela". Allí viven Carlos Herrera Jiménez, Conrado Sesnic y Basclay Zapata en las piezas 14, 15 y 16 del módulo 1, respectivamente. Las habitaciones fueron improvisadas hace algunos años ante la falta de espacio. A diferencia de la mayoría de las habitaciones, estas no tienen baño propio. Dos de los reclusos abren la puerta e invitan al diputado a entrar. Son piezas de 3x3 metros, pero el espacio está bien aprovechado, con estanterías y un televisor montado en la pared. Silber se excusa, dice que no quiere molestar.

Algunos internos miran a lo lejos con algo de desconfianza; otros saludan. Cada módulo tiene su área común equipada por quienes viven ahí. Todos tienen comedor, cocina, refrigerador y microondas. En uno de ellos hay un sofá y un gran televisor con cable, rodeado de estanterías con libros. Los computadores que alguna vez hubo ya no están. Fueron requisados en 2013, junto con los celulares. Al exterior de cada módulo también hay un patio con toldos y sus respectivos mobiliarios de terraza. Allí se escucha un constante canto de pájaros que viene de grandes jaulas colgadas de los muros, llenas de canarios y otras aves.

De vuelta en el pasillo, un hombre se acerca a Silber. No es alto, pero sí corpulento. Su pelo y bigote son de un negro lustroso y tiene un corvo de oro pendiendo del cuello. Con una sonrisa le ofrece un fuerte apretón de manos al diputado. Habita la pieza 8 del módulo 1. Se llama Alvaro Corbalán Castilla, mayor (R) del Ejército y ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

-Qué bueno que venga a visitar. Todo lo que ve aquí lo mantenemos nosotros -dice.

Corbalán no miente. Fueron ellos los que construyeron una gruta para la Virgen en uno de los patios, sembraron los jardines y pintaron los cuadros que decoran las paredes de los módulos. Silber mantiene un breve diálogo y sigue con la inspección. El encuentro lo ha sorprendido. "Estar cara a cara con Corbalán es impactante, al igual que conocer a otros de los internos. Uno conoce la historia detrás del personaje, que es macabra, y verlos ya como adultos mayores, en condiciones distintas a las de los 80, sin duda a uno le marca", comenta.

El recorrido ha llegado a su fin. Los gendarmes plantean sus reivindicaciones salariales y dicen que no se han mejorado los recursos para Punta Peuco desde hace años. Tras el paseo, Silber considera que las diferencias con los otros penales que conoce son notorias: "Creo que es una cárcel, de acuerdo con los más altos estándares, pero hay un clima interno que es más de una casa de reposo que de un penal, en términos de una sensación de seguridad. En otros penales está la idea de que le puede ocurrir algo a un interno en cualquier momento. Aquí no".

El diagnóstico inmediato de Silber es que se deben revisar licencias excesivas en las áreas comunes del penal o que deberían integrarse a otros condenados de baja peligrosidad. "Piñera nos dejó la vara alta con el cierre de Cordillera (…) Este gobierno deberá ponderar la decisión de cerrar Punta Peuco o bien someterlo a los mismos estándares del resto del país", afirma. Al rato, de vuelta en su camioneta, se convencerá.

-Hay que cerrarlo -dice mientras el auto enfila por la Ruta 5 de vuelta a Pudahuel. La agenda del día le depara otras actividades distritales.