Cárcel de San Miguel, Torre 5, cuarto piso, ala norte. Son las tres de la tarde y en este espacio semi abierto del penal, varias mujeres pasan el tiempo tras la hora de almuerzo. Ven televisión. Conversan. A veces se ríen mientras comparten un mate. En esta ala del cuarto piso hay 16 camarotes, divididos en ocho áreas, para cuatro internas cada una. En cada una de estas áreas, los muros estás tapizados por fotos de hijos, flores de papel y hasta hay escrito un salmo entero de la Biblia. El piso está limpio, todas las camas hechas.

Las mujeres no tienen problemas para ser fotografiadas en su lenta rutina, aunque sea fuera de foco. Al ser el penal de San Miguel una cárcel para imputadas, es decir, internas que todavía no reciben una condena, hay que ser especialmente cuidadoso con sus identidades. Eso es lo que advierte la alcaide subrogante, Yexica Salas, antes de que comience el recorrido.

El fotógrafo hace click.

-Primera vez que no me sacan fotos con nombre y RUT abajo -bromea una de las internas, probablemente, haciendo referencia a su amplio prontuario carcelario.

Las risas y las bromas parecen extrañas. Hace tres años, en este mismo lugar, ocurrió una de las tragedias carcelarias más grandes en la historia de Chile. Después de una riña entre reos, que se descontroló cuando un interno hizo un soplete con un balón de gas usado para cocinar, el cuarto piso del ala sur de la Cárcel de San Miguel se incendió. De 71 reos que habitaban ese sector murieron 66, a causa de quemaduras y asfixia. En el ala norte, los fallecidos fueron 15, todos por asfixia. 81 muertos en total.

Es en esta ala, lo que en jerga carcelaria se llama un "colectivo", donde unas 30 reclusas pasan el tiempo. El ala sur, donde empezó el incendio esa noche, todavía no ha sido ocupada. Sólo se ven los camarotes y los casilleros sin ocupar, listos para recibir a nuevas imputadas.

El lugar donde comenzó la tragedia sigue sin vida.

Han pasado poco más de tres años desde esa madrugada del 8 de diciembre de 2010. Ese día, cuando amanecía, algunas personas llegaban a ver a sus familiares presos. Lo que era una visita de rutina se convirtió en una escena de terror. El humo negro saliendo del cuarto piso de la Torre 5. Los gritos de los internos. Y luego, una lista de espera macabra en plena calle San Francisco, frente al penal, que se extendió por todo el día. Si Carabineros decía un nombre, significaba que el cuerpo de ese interno había sido reconocido.

Marcela Orellana perdió ese día a su sobrino de 20 años, Manuel Loyola, condenado a siete años, por robo con intimidación. Loyola había participado en un asalto que terminó con la víctima apuñalada por uno de sus compañeros. Apenas había entrado a San Miguel, Loyola pedía constantemente su traslado. Según su tía, era amenazado, le pedían que sus familiares entraran drogas. Incluso, fue violado. Antes del incendio, su familia estaba solicitando su traslado a Colina 1 a través de cartas al alcaide Segundo Sanzana. "El es una persona desesperada y nosotros una familia desesperada. Lo amamos y lo queremos con vida", decía una de las cartas.

Orellana dice que todo lo que los familiares de las víctimas han recibido del Estado es el financiamiento de una sepultura común para las víctimas del incendio. Pero el trance de la familia ha sido mucho más largo. La madre de Loyola ha pasado varias veces por el psiquiátrico, con intentos de suicidio incluidos. La noche negra de San Miguel sigue acompañando a su grupo familiar.

El ciclo no termina de cerrarse, porque todavía no hay una decisión de la justicia. Se estima que a principios de abril termine el juicio oral más largo en la historia post reforma procesal penal y que alcanzaría los nueve meses de duración. La Fiscalía Sur pidió cinco años de cárcel para los tres centinelas de turno esa noche de San Miguel: Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Francisco Poblete, quienes estaban instalados en los muros perimetrales de la cárcel. Para el subteniente José Hormazábal Sánchez, los coroneles Segundo Sanzana Barría y Carlos Bustos Hoffman y los tenientes coronel Patricio Campos Tapia y Jaime San Martín Vergara, la fiscalía pidió una pena de siete años.

Carlos Quezada, abogado de los familiares de las víctimas, dice que el veredicto es de pronóstico reservado: "El resultado es súper incierto. Lo que está en discusión es si los funcionarios estaban en condiciones de evitar las muertes o no. Si no estaban en condiciones los van a absolver, pero si lo estaban van a ser condenados".

Por ahora, lo que se discute en tribunales tiene a la Fiscalía Sur y a la Defensoría totalmente enfrentadas. Tras dos años de investigación de parte de la fiscalía, mucho de lo que se publicó los días posteriores al incendio ha quedado en entredicho. Al día de hoy no existe una versión oficial ni en cuanto a la hora de comienzo del fuego ni tampoco sobre quiénes lo produjeron. Las versiones que apuntaban a dos reos como los causantes de la tragedia: "El Aguja" y "El Frafra", se fueron diluyendo. Por el momento, la única certeza es que todo comenzó por una disputa entre dos grupos, por territorio dentro del ala norte de la Torre 5, una suerte de golpe de Estado a los que habitaban la "pieza chica" del ala norte, un espacio más privado ocupado por internos que ostentaban más poder.

Para la fiscalía, la hora del incendio es muy cercana a las 5 de la mañana. "Por los testimonios de vecinos e internos del penal, el alboroto habría empezado alrededor de las 4 y media de la madrugada", dice el fiscal a cargo de la causa, Víctor Núñez. "El fuego empezó a las 5 de la mañana, y nuestros registros dicen que recién a las 5.40 de la mañana el gendarme Orrego llama a la guardia interna".

Para la fiscalía, a esa hora el fuego ya estaba desatado. Fuera de control.

La tesis de la Defensoría mantiene que el fuego comenzó alrededor de las 5.30 de la mañana, media hora después. Las diferencias en la hora de inicio del incendio son fundamentales para determinar la culpabilidad de los gendarmes, porque, de aceptarse la investigación de la Defensoría, el tiempo de reacción de los centinelas queda establecido en sólo siete minutos. "Por eso se encargó al Dictuc una investigación sobre la dinámica del fuego", dice el abogado de la Defensoría, Cristián Sleman. "El estudio concluye que a partir de la hora en que empieza a salir humo por una de las ventanas, el fuego empezó, como máximo, seis minutos antes. La riña es advertida por el centinela a las 5.39 y a las 5.40 se empieza a ver humo salir por una de las ventanas de la torre. Los gendarmes se encuentran con un fuego descontrolado. Cuando llegan, el candado está tapado de humo y no se podía abrir debido a la dilatación del metal".

Independiente del peritaje de la Defensoría en el Dictuc, el fiscal Núñez aporta otros antecedentes de esa noche: "El testimonio del gendarme Poblete dice que él se acercó a la garita del gendarme Orrego cuando era evidente que algo pasaba. Orrego, por su ubicación en el muro perimetral, era el encargado de dar cualquier aviso en relación con la Torre 5, pero Poblete dice que lo encontró durmiendo. Además, por las boletas y los registros de Gendarmería, se descubrió que Orrego habría consumido una roncola y una cerveza en las horas previas al turno, lo que está prohibido. Eso, además de haber comido pollo con papas y haberse llevado un churrasco italiano al penal. Todo sumado habría causado su somnolencia. Riquelme, el tercer centinela, estaba en un garita del muro perimetral un poco más alejada, pero sostenemos que al menos pudo escuchar lo que pasaba".

Sleman cree que cada uno de los gendarmes actuó de acuerdo con sus posibilidades: "El llamado fue oportuno y a la primera señal, por lo que no existe responsabilidad penal de ninguno de los acusados. Se cumplió con los protocolos y se activó la alarma".

La cúpula del penal de San Miguel ahora es completamente femenina, empezando por el alcaide. La mayor Vivian Pincheira, jefa operativa del penal y tercera en rango, es la encargada de mostrar las nuevas condiciones de la cárcel. Si al momento del incendio en San Miguel había poco más de 1.900 internos en un centro penitenciario construido para albergar a 900 reos, ahora la cárcel alberga a 496 imputadas. "Si son condenadas, son trasladadas a la Cárcel de San Joaquín. El penal está a sólo un 60% de su capacidad", explica Pincheira.

En la primera planta de la Torre 5 está el comedor y un espacio abierto donde se hacen servicios religiosos católicos y evangélicos. El incendio en la Cárcel de San Miguel hizo que cambiara para siempre la organización de los penales. Las redes seca y húmeda, que al momento del incendio no funcionaban en San Miguel, ahora están operativas. Se prohibieron los balones de gas para cocinar, por lo que el Estado tuvo que aumentar el presupuesto para alimentación de los internos. "Ya no es necesario que las familias traigan comida a sus familiares presos. Ellos lo agradecen profundamente porque tenían que sacar del presupuesto de la casa para alimentar otra boca", dice Pincheira.

La decisión de transformar San Miguel en un penal femenino se tomó durante el período de Teodoro Rivera como ministro de Justicia. La idea era disminuir la sobrepoblación penal de la cárcel femenina de San Joaquín. Para disminuir la sobrepoblación de los penales masculinos, en cambio, a los internos de Santiago se les ofreció un traslado a cárceles de regiones que estaban bajo su capacidad. En el caso de San Miguel, algunos fueron llevados a regiones, mientras el resto fue reubicado en la Penitenciaría y en Colina 1.

La mayor Salas, alcaide subrogante de San Miguel, dice que las internas respetan sus espacios y los mantienen limpios, que en el penal no existen mayores conflictos. "Cuando ocurren es por rencillas que traen de afuera, principalmente por hombres".

El perfil de las imputadas de la Torre 5 es de baja peligrosidad, lo que significa que son las menos conflictivas del penal. El tiempo promedio de estadía en San Miguel es de entre ocho y nueve meses.

Adentro, la mayoría de las internas más jóvenes llevan zapatillas de marca nuevas, aunque el resto de su vestuario no sea acorde. Es poca la luz que llega a las escaleras. A medida que subimos al cuarto piso se escuchan algunos besos que vienen desde las sombras. Una interna apoyada en una reja pregunta: "Lindo, ¿cómo te llamái?", mientras el resto ríe nervioso. La visita de un par de hombres, sin importar qué tipo de hombres, es una pequeña revolución en la Torre 5.

Las internas del piso 4 reciben con amabilidad. Todas son conscientes de que donde duermen ocurrió una tragedia. Algunas están ahí desde que se habilitó el lugar, a fines de 2011. Y cuando hablan, se atropellan unas a otras para contar historias paranormales. "Sabemos que los muchachos están acá, ya estamos acostumbradas", dice una. Otra cuenta que son varias las noches en las que las duchas de los baños se prenden solas, aunque hayan dejado cortadas las llaves de paso. También que se les aparecen sombras en la noche, que les dan tirones mientras duermen. A cada una de las internas se les han repartido rosarios y el cuarto piso donde duermen fue bendecido por un sacerdote.

"Ya no funcionó", dice la más joven de todas.

Los cinco funcionarios de Gendarmería de mayor rango al momento del incendio son responsabilizados por la fiscalía por diferentes motivos. José Hormazábal, el jefe de guardia interna, es acusado de no haber hecho las rondas que le correspondían la noche del incendio y de no evacuar el ala norte (donde murieron los 15 internos asfixiados) en forma oportuna. "En el libro aparecen rondas no realizadas", dice el fiscal Núñez. "Siempre hubo conciencia de que había gente en ese lugar. Los reos del ala norte les pasaban frazadas húmedas a los gendarmes. Le sostenían la linterna mientras trataban de abrir el candado. Si a ellos los evacuaban apenas llegaron, en esa ala no moría nadie".

A Segundo Sanzana, el alcaide, y a Jaime San Martín, asesor en seguridad, se les acusa de no haber implementado los planes de seguridad, mientras a Carlos Bustos Hoffman, el director regional, se le imputa no haber fiscalizado a sus subalternos respecto de estos mismos planes. Patricio Campos Tapia, el jefe de régimen interno, debe responder por no haber controlado el uso de balones de gas dentro del penal.

La Defensoría ha respondido a la fiscalía con una tesis que responsabiliza directamente al sistema penitenciario. Cristián Sleman, defensor de Segundo Sanzana, el alcaide, apunta a las malas condiciones carcelarias. "En San Miguel existía un hacinamiento que superaba el 200%. Una cárcel que fue construida para 900 internos, el día del incendio albergaba a 1.900 presos. El diseño era obsoleto, con plantas abiertas para los reos. Los estándares de una cárcel ahora deben ser de no más de dos internos por celda, cerradas con puerta, cosa que un incendio no se propague. Además, no había presupuesto para proveer de vestimenta y alimento para todos los internos, por lo que los internos debían llevar sus ropas y sus alimentos. Por eso mismo debían tener acceso a gas para cocinar".

Núñez, el fiscal, contraataca: "Tiene que haber un plan de contingencia que esté de acuerdo a la realidad del penal, coordinar quiénes están encargados de hacer qué. Este no era el caso. El plan de contingencia que estaba en vigencia era del 2009 y decía que las redes húmedas y secas estaban operativas, siendo que no lo estaban hace años. El personal no sabía qué hacer en caso de haber un procedimiento. Y eso es por lo que, a nuestro juicio, el actuar de Gendarmería esa noche fue intuitivo, sin base".

César Pizarro es medio hermano de Jorge Manríquez, una de las víctimas. Pizarro, quien creó la ONG "81 razones", encargada de apoyar a las familias de las víctimas y de recibir denuncias de maltrato a reos en los diferentes penales del país, no se perdona haberle recomendado a su hermano que pidiera un traslado a San Miguel. A Manríquez le quedaban seis meses de condena y estaba en la cárcel por un robo a un camión de cigarros. "Todavía no me recupero de su muerte, arruiné cumpleaños, reuniones familiares. Nunca voy a llegar a ser plenamente feliz".

Pizarro piensa que el resultado del juicio oral es incierto, pero dice que si no encuentran justicia en Chile, lo harán en tribunales internacionales.

Por mientras, las demandas civiles contra el Estado o los que resulten responsables se activarán apenas termine el proceso penal. Carlos Quezada, el abogado de las víctimas, lo explica: "Las familias piden en promedio 180 millones, pero lo que está estandarizado en la Corte Suprema por este tipo de figuras son 100 millones para los que tengan hijos. Los que tienen sólo padres sacarían entre 50 y 80 millones".

Las internas del piso 4 de la Torre 5 reclaman. Dicen que están en penumbras, a pesar de que afuera el sol pega fuerte. Las protecciones de las ventanas apenas dejan pasar la luz exterior. "En los otros pisos no tienen estas protecciones", reclama una.

Afuera, el patio está vacío. La mayor Pincheira dice que antes era de maicillo. Ahora es una mezcla de cemento y jardín, del que se encargan las propias internas. Un muro inmenso separa a la Torre 5 de la 4. Las imputadas tienen más comunicación con el mundo exterior que con sus vecinas del penal. Dos veces a la semana reciben visitas. "Y tenemos un venusterio donde pueden tener relaciones", agrega Pincheira. "Se coordinan visitas de otros penales si sus parejas están presas. Y también pueden venir sus parejas de afuera, sean hombres o del mismo sexo".

Es hora de irse. Las mujeres se van despidiendo. Al traspasar el portón que separa la Torre 5 del largo pasillo subterráneo que conduce al mundo exterior, una de las internas grita: "¡Vuelvan pronto!", con una ingenuidad que sobrepasa el bien y el mal, así como las 81 muertes que ocurrieron en ese mismo lugar no mucho tiempo atrás.