Si bien el gobierno accedió a incrementar el monto de la beca Nuevo Milenio -en $ 100 mil- para los estudiantes del 50% más vulnerable, matriculados en los CFT e IP que no podrán acceder a la gratuidad, la medida será acompañada de exigencias y restricciones.

Por un lado, se pide que las instituciones firmen un compromiso para transformarse en entidades sin fines de lucro y se les prohibe incrementar los aranceles más allá del crecimiento del IPC.

Otro de los puntos que incluía las indicaciones del gobierno era el establecimiento de una sanción en caso de no transformarse en instituciones sin fines de lucro, lo que el diputado Ricardo Rincón de la DC pidió que fuera eliminada.

En el caso de los aranceles, la redacción de las indicaciones apunta a una restricción en el aumento para todas las instituciones. Pero según reconoció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había un error en la redacción pues el espíritu de la iniciativa era que la restricción se aplique sólo a los planteles que adscriban a esta segunda beca Nuevo Milenio, que beneficiará a los estudiantes de los cinco primeros deciles.

Además, en el caso de la gratuidad se establece que pueden sumarse al beneficio sólo aquellos CFT e IP que tengan más de cuatro años de acreditación.

A juicio de la senadora de la UDI, Ena von Baer, estas exigencias implicarán que finalmente las becas se pierdan, porque "creo que las instituciones no van a querer sumarse a una medida que los obliga a suscribir un compromiso sin todas las reglas claras". Lo mismo piensa el senador de RN, Andrés Allamand, quien planteó sus dudas en la sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Efectivamente el tema causó molestia en las instituciones de educación técnica y ayer se realizó una reunión especial de directorio de Vertebral, entidad que agrupa a los CFT e IP acreditados. En la cita, según fuentes del sector, los rectores plantearon su rechazo a los cambios de criterio y a las condiciones para que sus estudiantes puedan acceder al incremento de la beca Nuevo Milenio.