El viernes de la semana pasada, el gobierno tomó una decisión buscando dar por terminada la teleserie en que se transformó la reforma laboral: tramitar un veto supresivo de tres pactos de adaptabilidad y de una norma que imponía quórum para la negociación de sindicatos. Dicha propuesta contó con la aprobación en el Congreso. Sin embargo, como en toda buena historia dramática, no está bien claro cómo será el capítulo final. De hecho, luego de ser aprobado el veto en ambas cámaras del Congreso, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley a la espera de un trámite que puede ser decisivo: un examen preventivo de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional (TC).

Pero si a este último capítulo le faltaba un poco más de tensión, la oposición se encargó de aportarla al anunciar que estudia fórmulas para recurrir a dicho organismo exigiendo que el Ejecutivo acate el fallo que impugnó la titularidad sindical y elabore una ley corta que iguale las facultades de sindicatos y grupos.

En esta entrevista, concedida vía correo electrónico, una de las protagonista de esta historia, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, defiende la decisión del Ejecutivo y dice confiar en que esta historia tendrá un buen final para el gobiermo.

Tras las críticas de la oposición por la decisión de tramitar el veto y no elaborar una la ley corta ¿Siguen creyendo que fue la mejor alternativa?

La presentación del veto -que en su momento y por razones estrictamente procesales se tuvo que realizar sin conocer los fundamentos del TC-, demostró ser una muy buena opción para restablecer los equilibrios al interior del proyecto de ley. La Nueva Mayoría, de forma unánime, apoyó su tramitación votándolo favorablemente, pues estimó que es el mecanismo adecuado para que las relaciones laborales modernas que propicia se den en un marco de igualdad entre trabajador y empleador.

Además, fue clave para que con tiempo el Ejecutivo estudiara otros mecanismos para destrabar la discusión, pero desafortunadamente la derecha no estuvo dispuesta a construir en ese sentido.

Desde la derecha acusan "desacato" del gobierno y que están "desafiando" el fallo del TC al permitir la titularidad sindical "de hecho". Por esta razón, anunciaron que recurrirán a todas las instancias legales y administrativas para impedirlo ¿Hay confianza en el gobierno que el TC no volverá a insistir en igualar las condiciones de negociación de sindicatos y grupos?

Los parlamentarios de oposición pueden ejercer todos los derechos que la Constitución y la ley les otorga. Sin embargo, el Ejecutivo está convencido de que ha acatado de buena fe el fallo del TC y estamos confiados en la legalidad de nuestro actuar. No podría ser de otra manera, pues las instituciones deben respetarse.

Usted reconoció que esta situación generaría judicialización. De hecho, el economista José Ramón Valente la críticó en una entrevista en Pulso, señalando que era llamativo que usted estuviera contenta mientras hacía ese comentario ¿Cree que eso ayuda a mejorar las confianzas con el sector privado?

No sabía que ahora, además de economista, Valente era fisonomista. Yo no he reconocido nada, simplemente dije que eventualmente se podría judicializar, pues con la acción de ChileVamos ante el TC, hoy tenemos ausencia de norma. Las confianzas se generan mediante el diálogo y el entendimiento, por eso invito a la oposición a sumarse a este esfuerzo y dar certezas a los chilenos que quieren tener relaciones laborales modernas, más justas y solidarias, pero lamentablemente no hubo ninguna disposición a construir acuerdos. Como dijo el ministro Valdés, la disposición al diálogo de la oposición se quedó sólo en un dicho.

Considerando que como gobierno buscan cerrar el capítulo de la reforma laboral ¿Cree que esta eventual judicialización podría ser una nueva fuente de incertidumbre para lo que queda del gobierno de la Presidenta Bachelet?

La evidencia es clara. El último informe del Observatorio de Huelgas Laborales del COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), reveló que la mayoría de las huelgas en Chile son ilegales, porque el marco regulatorio era una mesa coja. Hoy con el proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales estamos dando más certezas que incertidumbres. Tengo la convicción de que ya pasó el tiempo de los agoreros, es el momento de sumarse a las certezas, y así construir juntos un Chile más justo y solidario.

El senador PS Juan Pablo Letelier dijo que era lamentable que estos temas se judicializaran, pero que confiaba más en la Corte Suprema que en el TC ¿Usted en quién confía más?

Yo confío en todas y cada una de las instituciones del Estado en su mérito.

Expertos han hecho distintas interpretaciones de lo que va a ocurrir con los grupos negociadores. De acuerdo con el gobierno, ¿en qué situación quedarán?

El requerimiento realizado por la oposición y el fallo del Tribunal Constitucional no han contribuido a darle claridad a la reforma laboral en estos puntos. Sin embargo, es evidente que los grupos negociadores no tienen en la ley un mecanismo de negociación (ya que el único que existía fue requerido por la oposición y eliminado por el Tribunal Constitucional); no tienen una norma que los habilite formalmente a presentar un proyecto de contrato colectivo, ni que le exija un mínimo de representación (la única norma sobre el punto también fue eliminada por el Tribunal Constitucional a petición de la derecha). Con la acción de la oposición se ha eliminado la regulación que el legislador le había entregado a los grupos negociadores, dejándolos sin reglas.

Desde la oposición dicen que para evitar discriminaciones contra los grupos negociadores debieron eliminar los cinco pactos de adaptabilidad ¿Por qué deciden eliminar algunos y mantener otros?

Subsisten dos pactos: El primero, para trabajadores con responsabilidades familiares que los habilita a quienes quieran acogerse, pudiendo en cualquier minuto salirse de él con las formalidades correspondientes. Por tanto, no existe posibilidad de precarización para esos trabajadores. El segundo, sobre distribución de jornada de trabajo semanal (4 días de trabajo y 3 de descanso) a diferencia de los tres pactos vetados, no sobrepasa el límite de jornada máximo semanal, el máximo de jornada diaria y el sistema de descanso. Adicionalmente otorga a ese trabajador tres días por semana para compartir con su familia y ambos van en la misma lógica.

¿Quiénes podrán negociar estos dos pactos que quedan en la ley? ¿Sólo los sindicatos o también los grupos negociadores?

En la norma que establece las características de los pactos se señala (art. 375) que sólo pueden ser celebrados por organizaciones sindicales en empresas donde exista un nivel de afiliación sindical de al menos un 30%.

El proyecto fue despachado del Congreso, pero ahora deberá pasar por un examen de constitucionalidad en el TC antes de su promulgación ¿Pasará esta "prueba de blancura"?

El proyecto de ley de reforma laboral, debe ir a revisión al TC, pues tiene normas orgánicas que el Tribunal debe revisar. Está en la esfera de sus competencias y no me corresponde, como secretaria de Estado, opinar.

Fueron de público conocimiento las diferencias entre usted y el ministro Valdés durante la tramitación ¿Estos desencuentros afectaron la visión del gobierno del proyecto y su discusión en el Congreso?

La visión del gobierno estuvo dada por la Presidenta Bachelet. En ese marco llevamos adelante la tramitación del proyecto. Quiero ser clara en este punto, nunca hubo discrepancias entre el ministro de Hacienda y esta ministra sobre las instituciones fundamentales y el objetivo que perseguía esta iniciativa: reequilibrar la relaciones laborales en nuestro país. El resultado final da cuenta del trabajo de equipo que llevamos adelante entre ambos ministerios.

Salario mínimo

¿Cómo quedan las relaciones con la CUT y el PC tras la última negociación del salario mínimo?

Todos saben que nuestro gobierno busca el bienestar de los trabajadores, pero también saben que a veces no es posible alcanzar las cifras ideales de incremento del salario mínimo. La Nueva Mayoría es una coalición de gobierno y creo que los mal entendidos se superan en post del objetivo cual es disminuir la inequidad en nuestro país. Cuando jugamos en equipo y nuestro objetivo es lograr la meta creo que logramos articularnos, superar el ataque del adversario y anotar.

¿Finalmente terminó imponiéndose la visión política por sobre la técnica en este debate?

De ninguna forma. Este es un proceso político, porque se lleva ni más ni menos que en el Congreso, pero que debe tener fundamentos técnicos presentes. Y aquí tuvimos el informe de la Comisión Salarial a la vista y enmarcamos la discusión en esos propósitos.

¿En qué pie quedó el informe de la Comisión Asesora Salarial tripartita que proponía un incremento promedio de 2,2% real de los salarios por los próximos 10 años?

Plenamente vigente, 2,2% promedio. En años buenos será superior a eso y en años menos buenos algo inferior, en promedio se mantiene la cifra.

¿Pero qué validez tendrá este informe si, por ejemplo, en este gobierno no volverán a negociar un salario mínimo y será una próxima administración y otro parlamento quienes deban definir la próxima alza?

Al contrario, se aprueba por dos años y se da certeza en la materia por ese período. El gobierno de la Presidenta Bachelet habrá subido en total, de punta a punta, en $ 66 mil el ingreso mínimo. El gobierno anterior subió en $ 45 mil. El aumento real de este Gobierno será de 3,9%, mientras que el del anterior gobierno fue sólo de 3,5%. Esto, en condiciones económicas mundiales distintas y con un alto precio del cobre, una realidad distinta a la actual.

Pero no existe ningún mecanismo legal que le exija a la próxima administración respetar el acuerdo alcanzado por representantes del gobierno, empresarios y los trabajadores ¿Esto podría quedar en letra muerta?

En la medida que los actores sean capaces de ponerse de acuerdo tripartitamente como en este caso, los acuerdos a los que se lleguen deben ser respetados y honrados por todos.

Se planteó que el ministro de Hacienda debía renunciar a su cargo por su rol durante la tramitación de la reforma laboral y el salario mínimo ¿Qué análisis hace de las críticas a Valdés?

Creo que el ministro Valdés ha hecho un gran trabajo y ha sabido conducir con responsabilidad y prudencia las arcas fiscales del país. Tenemos una economía sana y robusta que es lo importante, considerando el delicado escenario de la economía mundial.No creo en la ciencia del rumor y nunca he sido amiga de los que esconden su cara para criticar.