Todo partió en el Tribunal Electoral (Tricel) de Valparaíso, en abril pasado. La denuncia de los concejales Fidel Rojas y César Ramírez contra el alcalde de Zapallar, Nicolás Cox, provocó que ex funcionarios acusaran detalles sobre posibles manejos anómalos en el municipio.

Sus testimonios habrían evidenciado posibles ilícitos, los que fueron denunciados a la Fiscalía de La Ligua. A esto se sumó una querella por fraude al Fisco y cohecho, presentada por los concejales Pablo Valdés y Fidel Rojas.

Las acusaciones fueron rechazadas por el alcalde Cox, quien manifestó que ha destituido a funcionarios cuestionados "por sumarios que yo he hecho. El director de Obras fue sumariado y destituido; el jefe de la oficina de Convenios Municipales fue destituido con sumario. La directora de Obras subrogante y los funcionarios que han salido, todos han sido por no ser calificados de manera excelente, y se han asociado a este movimiento político que quiere desprestigiarme", acusó.

El abogado de Buzeta y Fuenzalida, Sergio Contreras, indicó que las acusaciones no tienen sustento.

Las pesquisas

Como parte de la indagatoria del fiscal de San Felipe, Eduardo Fajardo -quien declaró reservada las piezas de la investigación-, se han realizado interrogatorios e incautaciones en el municipio.

El persecutor solicitó, además, detalles del pago de horas extras a funcionarios.

La primera denuncia apunta al administrador municipal, Eliecer Fuenzalida, y al jefe de la Unidad Jurídica, Juan Buzeta.

La querella, que patrocina el abogado Ciro Colombara, revela testimonios de ex funcionarios que indican que un empresario de la zona habría ofrecido precios más bajos o plazos más breves de ejecución en las licitaciones convocadas por el municipio.

Esto, según el libelo, le permitía adjudicarse las obras, para luego pedir ampliar los plazos y aumentar los presupuestos hasta en un 30%.

"(El empresario), siendo amigo cercano al jefe del departamento jurídico y al administrador municipal, postulaba con bajos plazos, teniendo certeza que fácilmente ese plazo le sería ampliado", dice un testigo.

Otra declaración menciona que el empresario habría sido beneficiado "sin siquiera estudiar la factibilidad de ese aumento (de presupuesto). Las obras no fueron bien hechas, ya que, por ejemplo, el techo de mi oficina se llovía por completo". La segunda denuncia acusa el supuesto pago a abogados externos, pese a que los trabajos eran hechos por funcionarios municipales. "Me tocó una vez hacer el catastro de las propiedades municipales. Una vez entregado el informe, vi un cheque (...) a nombre de otra persona, cuya glosa decía 'por realización de catastros municipales' (...) Se realizaron escrituras públicas de transferencia de 138 viviendas sociales en Catapilco. Me consta que esas escrituras fueron hechas en la municipalidad, pero tuve a la vista el decreto de pago por más de $ 6,5 millones", dice el testigo.

La querella acusa, además, el supuesto cobro por publicidad gratuita en el diario municipal 'La Encomienda'".