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El exmandatario de Colombia (1994-1998) dice a La Tercera que a un año de los comicios presidenciales en el país, “el diálogo es la única manera para el ejercicio electoral”.
Parece justo que los grandes artistas asuman un lugar en el mapa político, mientras se da casi por descontado la inclinación hacia la izquierda. Por paradoja, el rango de tolerancia con la divergencia suele estrecharse si las opiniones de esas figuras no asumen formas incendiarias.
El monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada fue derribada este viernes por la comunidad misak en Bogotá, la ciudad que el conquistador español fundó hace 482 años, en medio de una semana de protestas. “Para los pueblos indígenas en Colombia se trata de tumbar para sanar la memoria viva. Las estatuas de los colonizadores son la expresión del racismo, la discriminación y la violencia estructural en contra de los pueblos indígenas”, dijo Óscar Montero, líder del pueblo kankuamo y politólogo. “Los muestran como los héroes y conquistadores. ¡Aquí no conquistaron a nadie, ya había pueblos y comunidades indígenas!”, afirmó con vehemencia.
Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró este viernes que como el país se encuentra “en un momento crítico” frente a la pandemia, pide “evitar celebraciones, así como aglomeraciones en centros comerciales, porque esto nos genera una alta afectación, haciendo que se nos extienda este peak de contagios y decesos”. Dicha cartera indicó, además, que se han registrado en las últimas 24 horas 17.525 nuevos casos de coronavirus y 453 víctimas mortales con lo que la pandemia ha dejado hasta el momento 2.968.626 positivos confirmados, de los que 76.867 han fallecido y 2.788.751 personas han logrado recuperarse.
El presidente argentino se refirió a la grave crisis que azota Colombia en el marco de las protestas inicialmente dirigidas a una controvertida reforma fiscal, las que han sido respondidas con severa represión policial.
La ex estrella del América y la selección sufre como cualquier colombiano las crudas imágenes del estallido social. Habla sobre ellas y también de fútbol, ahora arrinconado. "Rueda tiene la capacidad para sacar esto adelante, pero hay que juntar a los jugadores", dice.
Jorge Bedoya detalla que nació del sector privado la iniciativa para aumentar la carga tributaria a empresas y a las personas de mayores ingresos. Además, asegura que su sector compartía con la crítica de la sociedad colombiana a la reforma que se cayó.
“Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno (...)”, dijo el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes. Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y artistas, que conforman el Comité del Paro, acogieron la oferta con condiciones. En un video enviado a medios, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció que las conversaciones se iniciarán “previo a la desmilitarización de campos y ciudades donde han masacrado a los jóvenes protestando pacíficamente”.
Anoche en las afueras del Consulado de Colombia en Chile, en avenida Andrés Bello, un grupo de colombianos residentes en nuestro país realizó una velatón en honor a los fallecidos durante las manifestaciones en el país latinoamericano.
Colombia vivió el miércoles el octavo día de enormes protestas que inicialmente estaban dirigidas a una controvertida reforma fiscal, y que han sido respondidas con severa represión.
Cuando se cumple una semana desde el inicio de las protestas sociales, cifras oficiales reportan 24 fallecidos, más de 800 lesionados y 89 personas desaparecidas. Las ONG, en tanto, denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes.
Según cifras oficiales, se han registrado 24 muertos, 18 de ellos por herida de bala; 800 lesionados y 89 desaparecidos. ONGs han cifrado los fallecidos en más de una treintena.
El Presidente Iván Duque instaló una mesa de diálogo nacional para encontrar soluciones urgentes al descontento ciudadano expresado en el paro nacional.
Naciones Unidas, Human Rights Watch, la Unión Europea, Estados Unidos y Amnistía Internacional, entre otros, han condenado la violencia policial y han pedido investigación profundas e independientes para determinar a los responsables.