Alrededor de 20 de recursos de amparo han presentado civiles en las cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana desde el 20 de octubre, en el marco de la crisis social. Las acusaciones van desde jóvenes que se han perdido en marchas hasta presuntos excesos, abusos y violencia contra manifestantes, por parte de agentes del Estado. En estos casos, se le ha dado traslado al Ministerio del Interior para que dé su respuesta ante los cuestionamientos en el actuar operativo de funcionarios de Carabineros, PDI y/o integrantes de las Fuerzas Armadas.
Al menos en dos de los amparos presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un abogado representante del Ministerio del Interior -mediante un documento tipo que varía solo al inicio dependiendo de la situación que denuncia el amparo-, respondió que la responsabilidad sobre "el actuar operativo de Carabineros se subordina a la normativa establecida para sus funcionamiento interno".
Uno de estos casos fue presentando por cuatro civiles que acusan al jefe de la Defensa Nacional de Santiago (general de Ejército, Javier Iturriaga), a su par de Carabineros y al Ministerio del Interior de una supuesta restricción y vulneración al derecho a la libertad individual y seguridad personal. Esto, luego de que el 24 de octubre pasado "se encontraban en distintos puntos de la capital observando las manifestaciones cuando recibieron impactos de proyectiles disparados por funcionarios de Carabineros. Refieren que, producto de las heridas, fueron atendidos en la Unidad Traumatológica Ocular del Hospital Salvador con distintos pronósticos de recuperación".
Otro caso que se presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago fue denunciado por el senador Alejandro Navarro, la senadora DC Yasna Provoste, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y por Margarita Pasteneer Balladares. En el amparo, "exponen los recurrentes la situación de personas que en el contexto de las manifestaciones que se han efectuado a partir del 18 de octubre en adelante, han resultado heridas en los ojos con balines de gomas, disparados por armamento anti disturbios, situación que revelaría un mal uso del armamento, supuestamente no letal, pero que provoca graves daños en las personas cuando es utilizado violando los reglamentos sobre uso de la fuerza".
Según el Ministerio del Interior señala en su respuestas, "en el libelo (en el recurso de amparo) se hace referencia, por un lado, a una actuación operativa concreta de Carabineros de Chile respecto de los amparados, así como actuaciones genéricas de las fuerzas de orden público que estarían amenazando la seguridad individual de todas las personas".
Sobre esto, indica que "es preciso señalar que estas situaciones se enmarcan dentro de la responsabilidad que le cabe a cada uno de los funcionarios que incurre en estos hechos ilícitos, y eventualmente su superior jerárquico según sea el caso, pero de ninguna manera es el Ministro del Interior y Seguridad Pública el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario policial en particular".
Y se agrega que "esta Secretaría de Estado cuenta con facultades para coordinar, controlar y evaluar las acciones en materia de control de seguridad y orden público, pero no puede señalar a las fuerzas policiales ni a las de defensa nacional los procedimientos, el contingente que participa en ellos, ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esa determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales".
Según la respuesta de Interior, "es el sistema de control de comportamiento de Carabineros de Chile el que debe regir en este caso, por tratarse de la estructura normativa a la que se someten todos los funcionarios policiales sin excepción, y que, en una segunda línea argumentativa, hace que, indefectiblemente, el recurso de amparo interpuesto deba ser desestimado".
Explica que esto está "contemplado expresamente en el artículo 36 de Ley Orgánica de Carabineros de Chile, N° 18.691, norma que entrega a las autoridades policiales la potestad disciplinaria respecto del personal que infrinja sus deberes u obligaciones, la cual debe ser ejercida a través de un racional y justo procedimiento administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle".
Así, indica que "debemos concluir entonces que no compete al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el control de la responsabilidad disciplinaria interna de Carabineros de Chile ni tampoco de la decisión final sobre la gestión operativa de los efectivos policiales".
El Ministerio del Interior, consultado de esta situación, indicó que "del total de recursos interpuestos respecto del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile, ya han sido resueltos cuatro, todos ellos rechazados por las respectivas Cortes de Apelaciones. En otros dos casos, estos fueron acogidos, generando como acción correctiva por parte del Tribunal la instrucción a Carabineros de realizar sumarios administrativos, los cuales se sustancian de conformidad con las reglas estatutarias y disciplinarias de esa entidad policial". Agregaron que "el gobierno respalda siempre la acción de carabineros, en su compleja labor de resguardo del orden público y especialmente cuando han sido brutalmente lesionados y atacados como pudimos ver el día de ayer. Recordemos que hay más de mil carabineros lesionados en estos días por las marchas y movilizaciones".
Asimismo, desde el Ejecutivo relataron que "el Ministerio del Interior le ha pedido a las policías que, frente a denuncias de supuestos maltrato o abusos, siempre se inicien las investigaciones administrativas respectivas y se informe al Ministerio Público. Información que permanentemente es remitida al Ministerio del Interior".
Carabineros, por su parte, señaló que "los procedimientos policiales adoptados por la institución se enmarcan en la facultad y atribuciones que les otorga la legislación vigente". Añadieron que "en este contexto, se generan las operaciones policiales respecto de alteraciones del orden público, donde se despliegan recursos humanos y logísticos institucionales para restablecerlo.
El senador PPD, Felipe Harboe aseguró que "es un claro intento por deslindar responsabilidades políticas, pero lo que olvidan es que con la modificación de la ley que creó el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, es claro el control y responsabilidad de dicha institución respecto de los procedimientos policiales. No parece justo que el gobierno le pida acción a Carabineros sin adoptar medidas de protocolos y procesos que eviten la violencia".
* Este artículo fue modificado a las 15.30.