Rector de la UC del Maule: “Las universidades tenemos que contribuir a que las regiones se sientan incorporadas en el proceso constituyente; ha sido muy centralizado”

Claudio Rojas, máxima autoridad de la casa de estudios desde el año pasado, recalca el rol que tienen sus instituciones en la construcción de procesos como el que atraviesa el país, así como representación de la ciudadanía. Pero, además, defiende el rol que la Red G9, de la que su universidad es parte, ha tenido en la historia de Chile.


Como rector de la Universidad Católica del Maule, Claudio Rojas defiende el rol de la Red G9 de universidades -aquellas no estatales que se consideran públicas- en los procesos políticos y en la representación de la ciudadanía. Desde esa vereda, que también completan las universidades Católicas, Austral, Federico Santa María y de Concepción, se acusó el año pasado un “trato preferente” de parte del gobierno y la Convención hacia las casas de estudio del Estado, lo que derivó en largos meses de opiniones cruzadas.

Varios meses después, la máxima autoridad de la institución maulina dice que ese debate está más calmado, y “hay un proceso de acercamiento y de conversaciones mutuas. Incluso en las conversaciones que he tenido con el Ministerio de Educación y el subsecretario de Educación Superior se nota que hay un proceso de valoración y reconocimiento a la labor que tienen las universidad públicas no estatales”, señala en conversación con La Tercera PM.

Respecto al nuevo proceso constituyente, Rojas insiste en el rol que debiesen tener las universidades regionales para lograr una mayor representatividad, porque, asegura, “hasta el momento el proceso ha sido muy centralizado”.

¿Por qué es tan importante que se resguarden las universidades del G9?

Sin las universidades del G9 que son públicas y no estatales, el país no sería el mismo. Somos universidades tradicionales, varias centenarias, tenemos una calidad promedio alta y tenemos el 50% de producción científica del país. Además, el Estado siempre nos ha tratado con una condición de universidades que contribuyen al desarrollo del país, al menos desde que se constituyó el consejo de rectores (Cruch) el siglo pasado. No estamos pidiendo un trato nuevo.

¿Qué le pareció la postura que adquirieron ciertas universidades o autoridades de resguardar sólo a las estatales?

Ese es un tono que se ha ido superando. Esto no lo digo sólo yo, también ya lo ha dicho el presidente del G9 (Carlos Saavedra, rector de la U. de Concepción). Lo público no se agota en lo estatal, lo público se construye desde el Estado y desde la sociedad civil y esta es una conceptualización que quizás algunas personas lo entienden así, pero yo creo que así es. Por ejemplo, la Universidad de Concepción nació por iniciativa de la sociedad penquista, y la Universidad Austral, por iniciativa de la sociedad valdiviana. Es decir, lo público no se agota en el Estado, sino que se construye desde el Estado y desde la sociedad civil.

Varias universidades acotan esta idea a lo estatal, ¿cree que se equivocan?

Yo creo que sí.

¿Ve que persiste esa idea?

Yo creo que ese discurso ya no está presente. Hay un proceso de acercamiento y de conversaciones mutuas. Incluso en las conversaciones que he tenido con el Ministerio de Educación y el subsecretario de Educación Superior se nota que hay un proceso de valoración y reconocimiento a la labor que tienen las universidad públicas no estatales como las del G9. Que el gobierno tenga probablemente como idea deber fortalecer las universidades del Estado no quita que las universidades tradicionales también queramos participar de un proceso de desarrollo y coadyuvar al Estado. No soy ingenuo, sé que esas diferencias al comienzo marcaron una brecha, pero es una brecha que ha disminuido. Ahora hay que conversar cuáles son los mecanismos y los procedimientos para que se vaya manifestando el legítimo derecho de las universidades estatales a desarrollarse, así como el de las públicas no estatales.

¿Qué opinión le merece el nuevo subsecretario Víctor Orellana?

Lleva poco tiempo, está en pleno proceso de instalación. Eso sí, ha mostrado un discurso y aproximación muy convocantes y esa es una impresión general. Él tiene una preocupación de largo plazo de cómo implementar el sistema de educación superior que es muy válida, pero también hay urgencias de corto plazo. Igual ha mostrado disposición y hay mutua valorización. Eso nos pone muy tranquilos.

¿Cómo ha visto esta especie de segundo tiempo del ministro de Educación?

Él tiene un gran tiempo para un desafío que es tremendo, que es la recuperación del sistema educacional, sobre todo en los niveles básicos y media. Como sistema de educación superior tenemos los requerimientos de salud mental de nuestros estudiantes. Todos tenemos antecedentes que los cuadros ansiosos han crecido mucho entre los estudiantes. El Presidente Boric ha dicho que el gran desafío es la recuperación educativa y yo creo que para eso el ministro necesita todo el apoyo y que lo va a marcar los dos próximos años.

¿Cómo ve la posibilidad de condonar el CAE?

Sé que es un compromiso que tiene el gobierno, pero sin duda que es complejo, por no decir que es difícil, porque los equilibrios presupuestarios en los cuales está empeñado el país -que encuentro razonables- hace difícil plantearse una solución global del problema. Creo que debiese ser gradual.

¿Qué le parece el nuevo proceso constituyente? ¿Son los discursos más moderados?

Absolutamente. Primero, ojalá vaya bien. Segundo, qué lástima que tanto el Comité de Expertos como el de admisibilidad estén formados en un 95% por personas de Santiago.

Hasta el momento, ¿cómo ha visto el aporte de las regiones?

Yo creo que está por darse. La Universidad Católica y la de Chile nos han convocado y ya se ha ido avanzando en una serie de protocolos y formas de actuación que tienen que ir madurando, pero me consta que se está avanzando. Ya está claro que las universidades tendremos que hacernos cargo de tratar de convocar a la ciudadanía, sobre todo a las iniciativas populares de norma que más bien serán iniciativas de enmienda. Esto tiene riesgos y oportunidades. Riesgos, porque las posibilidades de participación en un periodo tan corto son muy acotadas y es verdad que probablemente las universidades somos de las pocas instituciones que aún gozamos de alta credibilidad pública. Pero, por otro lado, hay que ver que es una oportunidad. Es decir, como las universidades estamos distribuidas a lo largo de todo el territorio, tenemos la posibilidad de contribuir a que las regiones de alguna manera se sientan incorporadas, porque hasta el momento el proceso constituyente ha sido muy centralizado. Y en ese espacio de oportunidad, a través de la contribución que nosotros podamos desarrollar, que la ciudadanía sienta que fue convocada. También hay que controlar las expectativas, porque por los plazos en que esto se ha dado, por la intensidad que va a tener, necesariamente va a ser acotado. Pero estamos dispuestos a contribuir.

¿Cómo se puede solucionar esa baja representatividad de regiones?

Creo que los dados ya están un poco echados. Dentro de este espacio de oportunidad es que a través de la actuación de las universidades, que están distribuidas a través del país, de Arica a Punta Arenas, la comunidad se sienta convocada a poder participar.

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