El 19 de diciembre de 2012 el Presidente Piñera firmó el convenio marco que creó el Banco Unificado de Datos Criminales (BUD), sistema que iba a permitir por primera vez intercambiar y analizar de modo coordinado la información de las distintas instituciones vinculadas al proceso penal: Fiscalía, Carabineros, Investigaciones, Poder Judicial, Sename, Gendarmería, Registro Civil y los Ministerios de Interior y Justicia. "Este proyecto permite hacer más firme, más fuerte y, en consecuencia, más eficaz la lucha contra la delincuencia", se dijo en esa inauguración. La iniciativa, largamente anhelada por los expertos en materia de delincuencia, implicaba compartir información entre las distintas instituciones, siempre celosas del dominio de ésta.
En enero del año 2014 el gobierno dio a conocer el piloto del BUD. "Esperamos iniciar la marcha blanca en agosto. Va a tener una duración de tres meses, por lo tanto a fines de 2014 vamos a tener un BUD 100% utilizable", anunció el subsecretario Cristóbal Lira.
El 08 de enero de 2015, esta vez fue el turno de la Presidenta Bachelet, de nuevamente poner en marcha el Banco Unificado de Datos (BUD), el subsecretario Frey declaraba que "tenemos nueve instituciones que se pusieron de acuerdo para poder lograr un trabajo conjunto con mayor coordinación, cooperación y eficacia, y así brindarle más seguridad a las personas".
El 05 de abril del año 2016 el Ministerio de Interior y la Fiscalía firmaron el convenio que daba inicio por cuarta vez al Banco Unificado de datos: "La puesta en marcha del Banco Unificado de Datos concreta un anhelo de más de 20 años para nuestro sistema penal y policial", comentaba el entonces Ministro del Interior, Jorge Burgos.
En abril del año 2017 se fijó por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público una hoja de ruta para ponerlo en marcha, acordando "trabajar durante este año en la implementación gradual de dicho BUD en algunas regiones".
El 08 de marzo de 2018 el gobierno saliente de Bachelet ingresó a Contraloría el Reglamento para implementar el BUD, el que fue retirado a las pocas semanas y se ha anunciado su nuevo envío dentro de los próximos 30 días.
El resultado es que transcurridos 6 años, sucesivas inauguraciones, más de 3.000 millones de pesos gastados en los diversos programas implementados, hasta el día de hoy no existe la plataforma digital prometida disponible para los diversos organismos involucrados en la persecución penal, todo lo cual pone de manifiesto una extraordinaria negligencia en la implementación del BUD y un ansia desmedida de los distintos gobiernos de darlo por inaugurado sin que existan las condiciones mínimas para su funcionamiento. Cuando las cifras de victimización disponibles muestran pequeños pero sostenidos aumentos en los últimos años y las cifras del primer semestre exhiben aumentos significativos en los delitos de homicidios (10,6%), violaciones (18,5%) y robos con intimidación (11,3%), es necesario que se implementen políticas de prevención distintas a las que han fracasado los años anteriores. Para ello, contar con la información integrada de los distintos órganos del Estado es fundamental y el permanente fracaso de la implementación del BUD, a estas alturas un símil penoso del Transantiago del transporte público, lleva a preguntarnos cuánta capacidad tienen nuestras instituciones para echar a andar mínimos procesos de trabajo colaborativo. A juzgar por el Banco Unificado de Datos, bastante poca.