La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el viernes los recursos de protección interpuestos por una familia de Pichilemu contra el Estado y ratificó que el acceso a la playa es a través del camino público que pasa por la propiedad de los denunciantes.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se manifestó conforme con el fallo: "La justicia nos dio la razón, seguiremos trabajando por defender el acceso de los chilenos a las playas, porque en Chile no existen las playas privadas".
Según las denuncias hechas por la comunidad y las fiscalizaciones del ministerio, un grupo de vecinos del sector costero de la provincia de Cardenal Caro se encontraba incumpliendo con el acceso fijado por la intendencia local (la resolución N°5 del 2 de julio de 1984), que fijaba las vías de acceso a las playas de la zona, impidiendo el ingreso. Por eso, en febrero de este año, luego de las notificaciones correspondientes, la ministra subrogante de la cartera, Alejandra Bravo, acudió -con los medios de comunicación- al lugar junto a Carabineros para cursar una multa por impedir el acceso. En esa oportunidad, Bravo rompió el candado y abrió el portón que se encontraba en el predio de Elisa Jaramillo, quien interpuso los recursos de protección junto a su familia.
La Corte de Apelaciones estableció que "debe hacerse notar que la resolución administrativa establece que el acceso a la playa Socabón, debe realizarse desde el punto de acceso al Fundo Mónaco y por caminos interiores que conducen al mar, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad".
El seremi de Bienes Nacionales en la Región de O'Higgins, Christian Villegas, aseguró que "teníamos la certeza de que estábamos haciendo lo correcto al asegurar el acceso libre y gratuito de la ciudadanía a las playas de nuestra región".