Un cambio importante en el Código Orgánico de Tribunales está preparando el Ministerio de Justicia para mediados de este año: poner fin al feriado judicial en los juzgados civiles.

Esta reforma fue anunciada por la ministra Patricia Pérez a La Tercera y tiene como objetivo que los jueces y funcionarios judiciales de los tribunales civiles a lo largo del país, trabajen durante febrero. Actualmente, en ese período, causas como demandas por no pago de arriendo o indemnizaciones quedan paralizadas, puesto que la normativa actual indica que en febrero sólo deben seguir en funciones los juzgados criminales, laborales y de familia, incluyendo las Cortes de Apelaciones con las salas de Verano y una sala de la Corte Suprema que funciona tres días a la semana.

Según afirma la ministra, esta iniciativa legal será enviada al Congreso y está acorde con la reforma al Código Procesal Civil, que busca dar mayor celeridad y acceso a los ciudadanos que tengan causas en estos juzgados. "Vamos a presentar, el primer semestre, el proyecto que busca eliminar el feriado judicial, porque el acceso a la justicia es un derecho fundamental, no tiene mucho sentido que ese derecho se suspenda respecto de algunas causas y de algunas personas que son usuarios de la justicia", indicó Pérez.

La ministra agregó que "esta institución, que es bastante añosa, no se condice con una administración moderna de justicia. El feriado judicial se aplica sólo hoy en día en materia civil, porque los tribunales de familia, los laborales, los tributarios, aduaneros, penales y los juzgados de policía local no están sujetos a este feriado judicial".

En el discurso que efectuó el viernes el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, la autoridad dio cuenta de que las causas de los juzgados civiles corresponden al 53% del total de los procesos judiciales que ingresaron durante 2012.

"Supongamos que una persona tiene su casa arrendada y necesita ese ingreso para vivir y hace una demanda para recuperar su propiedad, porque el arrendatario no le paga. Cuando parte el feriado judicial, la causa no tiene movimiento ni tramitación. Esa persona sufre un perjuicio. Los sistemas de justicia modernos no contemplan esta paralización completa durante un mes", ejemplifica la ministra Pérez.

Agrega que "hemos analizado que este cambio no implicará una sobrecarga mayor, sino un sistema de funcionamiento por turnos y con las vacaciones que correspondan, pero no la paralización completa".

Por otra parte, la secretaria de Estado concordó con el análisis realizado por la Corte Suprema, que aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo Código Procesal Civil.

"Agradecemos que se valoren los avances que ha hecho el gobierno, particularmente, al informe favorable que se hizo a la Reforma Procesal Civil, que tiene más de 580 artículos", señaló Pérez.

AUTONOMIA FINANCIERA
Uno de los puntos que abordó Ballesteros fue un tema pendiente, como la independencia y autonomía financiera del Poder Judicial.

Al respecto, la ministra señaló que ya se aprobó la ley sobre la flexibilización de la destinación de jueces y hace otro anuncio: existe disposición para avanzar en ese tema con los magistrados.

"Tenemos la disposición, como Ejecutivo, de poder analizarla y hemos hablado con la Dirección de Presupuesto, a fin de que se pueda hacer un análisis de cómo poder avanzar en esta iniciativa. Hay un espacio favorable para avanzar", señaló Pérez. Agregó que "en lo que se refiere a la autonomía financiera con los límites de gasto que corresponden en distintos ítems, que son básicamente gastos de personal e infraestructura, por supuesto que hay una disposición del Ejecutivo a poder entregar herramientas en esa línea".

TRATAMIENTO DE DROGA
La ministra Pérez anunció también que se hará una ley que institucionalizará los tribunales de tratamiento de drogas. Estos resuelven la entrega de tratamiento supervisado por un juez a consumidores problemáticos que cometen delitos por primera vez. Una vez que cumplen con el programa, se concreta la suspensión de su causa.

"Este modelo es necesario establecerlo a nivel legal. Nos interesa la prevención y reducción de la reincidencia. El 75% de los jóvenes que pasaba por el programa no reincidencia", recalcó.