Poco más de 3 mil 200 son los habitantes de Punta Lavapié, Llico y Tubul, caletas de la provincia de Arauco donde el tsunami, del pasado 27 de febrero, no sólo destruyó casi la totalidad de sus hogares, sino también botes, lanchas y embarcaciones que eran su única fuente de trabajo.

En el caso de Tubul, ubicada a 15 kilómetros de Arauco, más del 90% de las personas quedaron sin nada. Los problemas, además, se acrecientan por la falta de conectividad a raíz del corte del puente que unía a la localidad con el resto de la Región del Biobío.

Esta es una de las principales preocupaciones del alcalde Mauricio Calderón quien más allá de la ayuda inmediata que pueden recibir los habitantes del borde costero asegurá que "el emprendimiento y el trabajo es algo fundamental también, y de no solucionar ese problema se nos puede producir una situación estructural de índole productiva y económica pero con fuerte énfasis en lo social. Podríamos hablar de una crisis similar a la del carbón".

En medio del aislamiento y, a horas de que se cumpla un mes de la tragedia, un grupo de 10 efectivos de la Policía de Investigaciones se encuentra en la zona desde el pasado 6 de marzo no sólo ayudando a la comunidad en materia de seguridad, sino también realizando un fuerte trabajo social.
 
"Un pescador de Tubul perdió cuatro botes con el tsunami, pero uno de ellos quedó enterrado entre el barro y algunos escombros. Enganchamos uno de los vehículos institucionales al bote, intentamos sacarlo pero quedó enterrado también. Tuvimos que usar el otro vehículo para tirarlo y logramos sacarlo. El hombre se emocionó enormemente pues con este bote rescatado, puede volver a salir a pescar y de esa manera tener una posibilidad de empezar a trabajar nuevamente", relata el subprefecto Jaime Piña, oficial a cargo de la avanzada policial.

Carpas donadas por el gobierno estadounidense, ausencia de luz y agua era parte del día a día de los funcionarios que, entre las historias desconocidas, recuperaron cinco notebook que pertenecían a la escuela de Tubul y que se habían dado por siniestrados.

"Ya no vemos los saqueos que había en un principio, nos sentimos protegidos y respaldados por la policía. También han ayudado harto en organizar la entrega de alimentos", cuenta Patricio Ferreira, pescador y dirigente vecinal.

AUTORIDAD COMUNAL Y PRIORIDADES
El alcalde Mauricio Calderón cuenta que se está estudiando reubicar a los habitantes "porque no podrán volver a vivir en los lugares siniestrados por la peligrosidad que esto reviste (…) la solución definitiva sería la construcción de viviendas en un emplazamiento que otorgue la seguridad y con los servicios que correspondan".

En materia de conectividad, en tato, asegura que "al estar los puentes colapsados, tenemos una vía secundaria que no tiene las características necesarias, es muy angosta y tiene un camino muy sinuoso".