El Congreso argentino aprobó el jueves una ley para reestructurar la deuda del país con el fin de sortear una orden de una corte estadounidense que lo forzó a caer en su segundo default en poco más de una década.

Tras casi 16 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Gobierno por 134 votos a favor y 99 en contra. El Senado había aprobado el proyecto la semana pasada.

La ley permitirá a Argentina pagar su deuda bajo leyes extranjeras, que ronda los US$29.000 millones, en Buenos Aires o en ciudades fuera del alcance de la justicia estadounidense.

También abre la puerta para que los acreedores externos canjeen sus títulos emitidos bajo leyes extranjeras por otros bajo jurisdicción del país sudamericano o Francia.

"La votación implica mayoría absoluta y ratifica una clara posición: los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra están de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres", dijo el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich a periodistas.

Argentina cayó a fines de julio en default luego que sus acreedores no recibieron el pago por el cupón de un título Discount, debido a que el juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa bloqueó el proceso de transferencia del dinero hasta que la nación compense a fondos de cobertura que tienen en cartera deuda impaga desde su incumplimiento del 2002.

El país logró renegociar con fuertes quitas la mayor parte de su deuda en default, pero una minoría de acreedores liderados por fondos que Argentina considera "buitres" reclama el pago total de los bonos.

"Griesa es un hombre malo, un hombre senil, que dicta sentencias incorrectas, como mínimo", dijo durante el debate la líder de la bancada de diputados oficialistas, Juliana di Tullio, en referencia al magistrado de 83 años.

La nueva cesación de pagos llega en un momento delicado para la tercera economía latinoamericana, que este año puede contraerse por primera vez en más de una década, asfixiada por una de las tasas de inflación más altas del mundo, pobres niveles de inversión y la desconfianza de los consumidores en el Gobierno.

La nueva ley, que Griesa dijo viola sus órdenes, podría resultar ineficaz debido a problemas legales para implementarla y el escepticismo de los inversores. "La propuesta enfrenta varias dificultades", dijo Alejo Costa, estratega en jefe del banco local Puente.

"No esperamos una tasa de participación significativa, aunque el Gobierno enviará finalmente la señal que busca. Según su visión, ellos están haciendo lo que pueden para hacer el pago", agregó.

INCONSISTENCIAS

Griesa bloqueó en junio los pagos de los bonos globales argentinos bajo ley estadounidense que el país emitió para reestructurar su deuda tras su default del 2002 hasta que compense con US$1.330 millones más intereses a los fondos de cobertura liderados por NML y Aurelius.

La orden del juez, que Argentina dice que es de imposible cumplimiento porque la dejaría expuesta a demandas de acreedores con deuda reestructurada, también afectó el proceso de pago de los bonos emitidos en euros y yenes.

Capitanich afirmó que "siempre la República Argentina está dispuesta al diálogo para establecer las condiciones de negociación que permitan un proceso de reestructuración para el cien por ciento de los bonistas".

El próximo vencimiento que enfrenta el país es el 30 de septiembre, cuando debe cancelar unos US$200 millones por el cupón de su bono Par.

La presidenta Cristina Fernández ha acusado a Griesa de excederse de sus atribuciones y de violar la soberanía argentina. La mandataria había anunciado el mes pasado el proyecto de ley para reestructurar la deuda como una manera de sortear el fallo.

Pero, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reconoció el martes que los acreedores tienen poco apetito por el nuevo canje de deuda.

"Sobre el canje (...) las partes que tienen alguna relación con la jurisdicción estadounidense podrían no estar dispuestas a cooperar con Argentina debido a las órdenes del juez Griesa que dijo que el canje era ilegal", dijo Ignacio Labaqui, un analista local de la consultora Medley Global.

Si los bonistas se niegan a participar del canje, el Gobierno aún tiene la esperanza de que logrará reemplazar al Bank of New York Mellon como agente de pagos por Nación Fideicomisos, una unidad del estatal Banco Nación.

De esa manera podría honrar la deuda pagando en Buenos Aires servicios que antes honraba en el extranjero.

Pero las dudas sobre esta posibilidad también están creciendo, por lo que el Gobierno dijo que está abierto a recibir propuestas de bonistas sobre otros potenciales agentes de pago si estos están en jurisdicciones fuera de la órbita de Griesa.

Además, Nación Fideicomisos no cumple con algunos de los requisitos estipulados en los contratos de los bonos para encargarse de administrar su pago, como ser tener una licencia de operación en Nueva York.