Contralor se inhabilitó en fallo de píldora por postura contraria en 2003

El lunes en la tarde, Ramiro Mendoza se refirió por primera vez al dictamen de Contraloría que prohibió distribuir la "píldora del día después" en las municipalidades. Tras participar en un seminario sobre derecho administrativo militar en que coincidió con el ministro de Defensa, Francisco Vidal, el contralor indicó que "de lo único que me hago cargo es de las respuestas institucionales nuestras y desde ese punto de vista. Pero no he entrado ni he visto (el tema)".

Sus palabras revelaban un antecedente poco conocido respecto de la decisión del organismo fiscalizador: Mendoza se inhabilitó de pronunciarse sobre la píldora y el dictamen debió ser firmado por la subcontralora Sonia Doren.

La determinación de Mendoza radica en que él ya manifestó públicamente una postura de rechazo frente a la distribución del fármaco. En 2003, Mendoza suscribió, junto a otros 15 académicos y abogados constitucionalistas, un informe en derecho sobre la píldora, encargado por el Centro Juvenil Ages y presentado ante un juzgado civil de Santiago.

En el documento se plantea que si el ISP autorizaba la venta del fármacose podría "provocar la muerte del concebido" y "el acto administrativo respectivo estaría viciado de inconstitucionalidad, por atentar en contra de la supremacía de la Constitución".

La abogada y profesora de la Univesidad Católica Angela Vivanco, quien también suscribió el informe, recuerda que el objetivo era "hacer un análisis del efecto jurídico que se produciría, en caso de que la píldora fuese abortiva, respecto del derecho a la vida".

Este mismo documento fue el que detonó una fuerte polémica el año pasado, tras la decisión del Tribunal Constitucional que imposibilitó al Ministerio de Salud para repartir la píldora. Ello, porque se cuestionó que el miembro del TC Raúl Bertelsen, quien votó en contra del reparto del fármaco, no se inhabilitara cuando también había firmado ese mismo documento previamente.

El dictamen de la semana pasada es la segunda vez que Contraloría se pronuncia sobre la píldora durante la gestión de Mendoza. En enero de 2008, ante un requerimiento de diputados de la Alianza, el organismo decidió no pronunciarse, pues había juicios pendientes en tribunales. Ahora, en cambio, sí emitió su postura, pero con la inhabilidad de Mendoza.