Diversas irregularidades y más de $ 13 mil millones perdidos son las principales conclusiones del informe de Contraloría que da cuenta del consolidado, a nivel nacional, de las fiscalizaciones realizadas al uso de recursos del Programa de Integración Especial (PIE), en 2013.

Los recursos que fueron revisados corresponden a $ 94 mil millones transferidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc) a 244 municipios y corporaciones municipales que administran los colegios públicos, para ser usados en el mejoramiento de los procesos educativos de niños con necesidades educativas especiales.

De los $ 94 mil millones entregados por esta subvención, hay más de $ 87 mil millones que fueron efectivamente gastados por los sostenedores de 2.263 establecimientos con PIE.

De ellos, existen $ 16.713 millones -correspondientes a remanentes- que no fueron encontrados en las cuentas corrientes de 70 municipalidades y 17 corporaciones. La mayor cantidad de recursos cuyo destino se desconoce corresponde a $ 1.937 millones de la Corporación Gabriel González Videla, de La Serena, y $ 1.001 millones de la Municipalidad de Ovalle.

De los recursos no encontrados en las cuentas corrientes hay $3.281 millones que fueron reconocidos por 15 municipios y cinco corporaciones como utilizados en fines distintos a los establecidos en el programa. Por ejemplo, pago de remuneraciones de personal no perteneciente al PIE y pago de cotizaciones previsionales.

Además, hay más de $ 768 millones, en 33 municipalidades, y $ 157 millones, en siete corporaciones, que no han sido acreditados. De igual modo, existen gastos insuficientemente acreditados en 35 entidades, por $ 327 millones, y siete corporaciones municipales, por $ 50 millones, cuya documentación de respaldo no estaba disponible.

ANOMALÍAS

También se comprobaron presuntas anomalías que afectan directamente el proceso educativo: 31 establecimientos no contaban con el aula de integración obligatoria, de acuerdo al programa PIE, y 125 colegios no tenían lavamanos ni espejos en el aula para alumnos con trastorno específico del lenguaje.

También se constató que en 49 de las entidades fiscalizadas, es decir, en el 20,1% de ellas, las Seremis de Educación cumplieron parcialmente las obligaciones del convenio por el programa PIE, relacionadas con asesoría técnica y revisión del diagnóstico de los alumnos del plan.

El Mineduc no se refirió al informe y argumentaron que lo están estudiando. En tanto, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Maipú y presidente de la entidad, Christian Vittori, sostuvo que "este tipo de situaciones de algún modo refleja lo que hemos dicho en muchos diagnósticos sobre el déficit operacional millonario que tenemos los municipios por administrar la educación pública".

Vittori reconoció que hay comunas donde erróneamente se utilizan los recursos para otras áreas de los gastos en educación, pero enfatizó que "en muchos casos, éstos son devueltos posteriormente".