Luego de recibir a los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS) y Karla Rubilar (RN) el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, decidió hacerse parte en la investigación de los posibles casos de pagos de beneficios a falsos exonerados políticos.
De esta manera también, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa López, llamó a cambiar la política de reparación para las víctimas de violación de Derechos Humanos, "aquí hay una política que está siendo puesta en tela de juicio", sostuvo según Radio Bío Bío.
Hace dos semanas atrás, Celpa denunció la existencia de cien mil falsos exonerados políticos.
"La ley ha sido instrumentalizada a partir de 1998 para fines electorales" alegó Celpa, agregando que la modificación que se introduce en ese año "permite cautivar a un mercado ilimitado de personas a las cuales se les ofrece ser calificadas como exonerados políticos", dijo.