EL PAIS ha cumplido cuatro meses sin un titular en el cargo de Contralor General de la República. No fue un hecho imprevisto, pues el anterior contralor cumplió su período constitucional de ocho años en el cargo, por lo que hubo suficiente tiempo para haber designado a un sucesor. El gobierno no ha entregado una explicación plausible que justifique esta dilación, vacío que ciertamente constituye una anomalía institucional.
La designación debe recaer en una persona que no sólo sea técnicamente competente, sino que dé plenas garantías a todos los sectores de que ejercerá imparcialmente su cargo de fiscalizador de las actuaciones del Estado. Ello resulta indispensable frente a la crisis política por la que atraviesa el país, y contar con dicho perfil sería un valioso contrapeso que ayudaría a recomponer la confianza ciudadana.
La dificultad en dar con un nombre ha empezado a alimentar una serie de suspicacias, lo que daña a la institución de la Contraloría y cuestiona la forma en que se ha estado llevando el proceso, al no ser capaz de generar un nombre de consenso que logre ser aprobado en el Senado. Algunas versiones indican que La Moneda buscaría que el cargo sea ocupado por una mujer, una limitación que de ser efectiva complica innecesariamente el proceso; asimismo, tampoco parecería justificado que se excluya a algún candidato que provenga de la planta de la propia Contraloría.
La actual coyuntura no permite seguir dilatando la decisión. Esta tarea, que recae en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, también debería ser agilizada por el nuevo ministro del Interior, a quien como jefe de gabinete cabe ejercer una influencia para que esta indefinición sea prontamente superada.