El gobierno no ha hecho públicas las proyecciones que maneja con respecto a la cantidad de años que faltan para llegar a la gratuidad universal y esto ha dado pie para que los economistas realicen todo tipo de simulaciones especulando con respecto a cuándo se llegaría a esta meta.
Según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo faltarían 60 años para alcanzar la gratuidad universal que, según el proyecto de reforma a la educación superior, requiere como condición que los ingresos estructurales del PIB Tendencial pasen de 23 a 29,5. Esto, si suponemos que la economía crece un 3% al año y la elasticidad de los ingresos es 1,15.
Así, en 2076 recién se podría concretar la esperada promesa de gratuidad universal. El informe también plantea que si el crecimiento fuera de 4% el compromiso se podría cumplir en 2062 y si fuera de 5% se podría llegar en 2034, escenario poco probable según las condiciones actuales.
Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica, Daniel Gedda, más allá de un estudio o cálculo en particular, para los estudiantes es importante “que el gobierno sincere si realmente tiene voluntad política de avanzar a la gratuidad universal porque como está planteada hoy, o no se alcanzaría en un plazo decente o no se llegaría nunca”. Agregó que “el mecanismo que se propone le falta el respeto a la promesa de campaña y si el gobierno realmente tiene la intención de cumplir (con esta promesa) debe replantear este mecanismo”.
¿Sexto decil en 2018?
El estudio señala también que “existe un tema adicional, al cual se ha prestado menos atención: ¿qué sucede con la capacidad de financiamiento en las primeras etapas del proyecto, es decir, en los próximos años?”.
La economista e investigadora de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, quien trabajó en el análisis, planteó que las preguntas sobre la real existencia de fondos para cumplir las metas en el largo plazo no son las únicas dudas. “Según el último informe de las finanzas públicas, las holguras de recursos fiscales para gastar en 2017, 2018 y 2019 son negativas. Es decir, el gasto proyectado supera a los ingresos estructurales estimados para esos años, por lo que no se podría cumplir ni con el avance de mayor cobertura de instituciones en 2017 ni con el paso al sexto decil en 2018”, explicó Arzola.
En el estudio se indica que para 2017 habría un déficit de US$ 590 millones, de US$ 519 millones para 2018 y de US$ 274 millones para 2019, lo que impediría cumplir los compromisos en gratuidad. “Se requiere que Hacienda aclare las cifras y muestre si tiene un cálculo distinto, porque según la información que hay hasta ahora los recursos para el corto plazo no existen”, dijo.
Para el rector de la U. San Sebastián y ex ministro de la Concertación, Hugo Lavados, se debe considerar que todo modelo de cálculo, y en especial en este caso, “depende de varios supuestos que están sujetos a gran error de estimación, porque se refieren a eventos futuros, de tipo económico y decisiones políticas, sobre los cuales no existen antecedentes previos que permitan proyectar el crecimiento del PIB y de los ingresos fiscales, que son las variables de la fórmula del proyecto de ley”.
Lavados explicó que los ingresos fiscales dependen de muchos factores, entre otros los ingresos de la población, las utilidades de las empresas, las tasas de impuestos y la evolución de los precios del cobre. Y dijo que a esto se suma un aspecto relevante que es la preferencia de los gobiernos por gastar en la gratuidad. “Por eso, no es posible decir si un cálculo es bueno o no. Solo parece razonable indicar lo que es necesario que suceda, es decir, el valor que deberían tener esas variables en los años siguientes, para que esto ocurra en un plazo previsible”, añadió.
Desde el Congreso las críticas llegan desde todos los sectores ante la incertidumbre de los plazos para alcanzar la gratuidad universal y por las medidas que deberían tomar otros gobiernos para cumplir esta política pública.
El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, afirmó que “es increíble que el mismo gobierno que hizo campaña prometiendo que iba a haber gratuidad universal en seis años, a la fecha todavía no diga si lo va a cumplir o no y yo creo que ya es tiempo de que nos digan la verdad”.
Agregó que “el Ejecutivo no quiere dar plazos porque quieren usar la promesa de gratuidad universal como una palanca electoral diciendo que ellos dejaron establecido ese beneficio, lo que no es verdad porque se requieren dos reformas tributarias para cumplir las condiciones”.
El parlamentario, además, puso en duda que realmente se quiera cumplir el compromiso en la Nueva Mayoría: “Los ministros Valdés y Eyzaguirre no quieren llegar a la gratuidad universal porque saben que esto es regresivo para el país y que hay otros usos que se pueden dar a esos mismos recursos con un carácter de más justos”.
En tanto, el diputado Giorgio Jackson (RD) dijo que “la incertidumbre del proyecto sobre la gratuidad universal no es aceptable, y por eso esperamos que el gobierno se allane a transformarlo cuanto antes”.