El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, descartó que el Ejecutivo se encuentre considerando la posibilidad de indultar a los detenidos por causas de derechos humanos.
El secretario de Estado realizó esta afirmación luego de que el fin de semana la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló a La Tercera, ante la pregunta sobre si existía la posibilidad de que estos condenados salieran de la cárcel por razones humanitarias por enfermedades terminales, que "ese es un tema que tiene que debatir el Congreso a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DD.HH. Yo creo que en algún minuto hay que dar ese debate".
Díaz señaló que "el gobierno no tiene en carpeta, ni en idea, y descarto absolutamente que nosotros estemos siquiera pensando una posibilidad de un indulto en esta materia. La convicción del gobierno y de la Presidenta de la República en esta materia ha sido siempre la misma, será siempre la misma. Memoria, verdad, justicia y reparación en materia de violación a los derechos humanos".
Ayer, en tanto, se produjo un intenso debate en la Cámara de Diputados, en el marco del proyecto de ley que busca regular las condiciones que se deben cumplir antes de que se otorgue el beneficio de la libertad condicional a los reos.
Una de las indicaciones, que presentó el diputado PS Leonardo Soto busca prohibir el beneficio para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad entre los años 1973 y 1990.
Al respecto, el diputado UDI Ignacio Urrutia señaló que "esta moción venía bien desde el Senado, pero aquí sufrió cambios que no corresponden, como fijar fecha y separan a uno de otros sin razón aparente".
En tanto, el abogado Raúl Meza, representante de los opositores de la norma, expresó que "este proyecto nos parece abiertamente inconstitucional, porque priva a los condenados de Punta Peuco a la libertad constitucional, por lo tanto, vulnera un principio fundamental, que es la igualdad ante la ley".
Por su parte, el diputado PC Hugo Gutiérrez señaló que el "Estado de Chile tiene absoluto derecho a decidir a quién se le da la libertad condicional. Si la ley dice que los que tienen penas perpetuas deben cumplir mínimo 40 años de cárcel efectiva, vaya sorpresa que esos sean los de Punta Peuco. Algunos tienen 40 años por cada caso de secuestro con consecuencia de muerte".
En tanto, la diputada PC Karol Cariola expuso que es "inaceptable que haya parlamentarios de este Congreso que defiendan este tipo de beneficios".
Se espera que hoy, en la sala de la Cámara, se realice la votación de este proyecto. Parlamentarios de Chile Vamos pidieron que la indicación sobre los detenidos por derechos humanos sea aprobada o rechazada de manera independiente.