“Este censo nos permitió llegar por primera vez a más del 98% de los hogares en Chile, es decir el censo de mayor cobertura, pero también creemos que el de mayor calidad en la información”, señaló el ex presidente Sebastián Piñera el 2 de abril de 2013 en la Terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía. Era la presentación de los datos oficiales del Censo 2012.

La medición fue innovadora. Tradicionalmente en Chile los censos se hacían de “hecho”, y se cambió a uno de “derecho”, es decir, uno que tomaba tres meses en su ejecución (ver nota secundaria). El cambio se decidió sólo ocho meses antes de realizar la medición.

Pero a poco de presentar los datos comenzaron las dudas. La cifra de población anunciada fue de 16.634.603 personas que luego se aclaró que era la población “efectivamente censada”. La cifra sorprendió a los analistas que esperaban algo similar a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que indicaban que a 2012 la población chilena sería de 17.248.450 habitantes.

Los errores no quedaron ahí. Se conocieron datos como que el 45% de los inmigrantes tenía educación superior o la ausencia de más de 200 mil hombres en las cifras oficiales.

Chile se quedaba sin censo y sin cifras confiables. Una comisión internacional afirmó que las estimaciones recogidas eran fiables, pero luego otra comisión, esta vez de expertos chilenos, desestimó la validez y confiabilidad de las cifras.

Para enmendar el error, se recurrió a estimaciones usando como base el Censo 2002, más datos de las Estadísticas Vitales. Pero se hacía urgente actualizar los datos, por lo que el gobierno de Michelle Bachelet determinó realizar un censo abreviado para 2017.

En entrevista con La Tercera, la directora del INE Ximena Clark no sólo confirmó el regreso a los tradicionales censos cada 10 años -el próximo en 2022 y bajo la estructura tradicional, es decir, en un sólo día feriado y con voluntarios- sino que cada cinco años, se hará otro de carácter abreviado, como el de 2017. Es decir, Chile tendrá un censo cada cinco años.

“Lo ocurrido en 2012 ha servido de experiencia. Hemos aprendido que esperar diez años para este gran operativo, en un mundo tan dinámico, es un plazo muy largo. La misma Cepal, a través de Celade, propone que entremedio se haga otro, ya sea un conteo o un censo abreviado”, justifica Clark.

“El levantamiento de 2012 no arrojó una base de datos con la mínima calidad como para considerarlo un censo oficial”, dice. Los censos no sólo son para contabilizar a la población -agrega- también caracterizan y analizan datos como edad, distribución geográfica y características de la población. Datos relevantes que permiten hacer proyecciones de población. “El Censo también sirve para hacer una actualización del marco muestral, con esa información se profundiza en temas para políticas públicas. Al no tener esa calidad para hacer esas dos grandes tareas, tenemos que hacer en el más breve tiempo posible un nuevo censo”, afirma.

En el INE ya se trabaja para instaurar mediciones cada cinco años. “En esta oportunidad tendremos operativos censales en 2017,  y correspondería otro censo en 2022, y así después en 2027 y 2032. Estamos aprovechando está crisis por más cliché que pueda resultar para instalar estos procesos”, argumenta Clark, que también justifica la realización de una medición cada cinco años y bajo la modalidad de censo de hecho (en un sólo día). “En la experiencia anterior como país estábamos preparando todo para un censo de hecho, como siempre. Pero ocho meses antes de salir a terreno se cambió de decisión. Y en ese tiempo es difícil prepararse ”, sostiene.

Por ello, la  modalidad de la medición de 2017 será abreviada. “Con las preguntas estrictamente necesarias para hacer las actualizaciones de las proyecciones de población y del marco muestral”, dice. Si normalmente el cuestionario incluye entre 40 y 50 preguntas, dentro de dos años serán la mitad.

Se realizará el 19 de abril de 2017, en un día feriado y con voluntarios que se espera alcancen más de 500 mil personas. El costo estimado es de $ 42.205 millones de pesos.

Que el censo se haga cada cinco años es una buena noticia dice Juan Carlos Oyanedel, sociólogo y académico de la U. de Santiago, ya que permitirá ajustar de mejor forma las proyecciones de población y entregar información actualizada de los marcos de muestreo. “Lo importante, sin embargo, no es sólo que el censo se levante cada cinco años, sino dotar al INE de las capacidades para aprovechar esa información para el mejoramiento de sus productos estratégicos y desarrollar productos nuevos que permitan tener una visión más clara de cómo el país cambia”, dice.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales U. Católica, parte de la comisión de expertos nacionales que señaló que la omisión nacional del Censo 2012 fue de 9,3% y en 70 comunas alcanzó un 20%, por lo que recomendó no usar los datos, coincide con la estrategia del INE de realizar una medición cada cinco años. “Si se considera que el último censo data de 2002, que el próximo se planifique a los cinco años, es una buena medida”, señala.

“Se planteó un censo lo antes posible, que fuera de hecho, porque cualquier cambio en la modalidad requiere mucho tiempo y volver a la práctica exitosa en Chile, es recomendable”.

“Hoy el INE está en una importante prueba y efectivamente lo que debe hacer es hacer muy bien el censo 2017”, dice.

Ricardo Neupert, demógrafo y ex consultor del Fondo de Población de Naciones Unidas, no está tan de acuerdo. Dice que con el costo de uno abreviado, perfectamente se puede hacer uno “normal”. Señala que la recomendación de las agencias especializadas es hacer un censo cada 10 años, en lo posible en los años terminados en 0.

“Los censos son caros y demandan muchos recursos tanto humanos como materiales”, dice. “Un periodo de 10 años es aceptable para actualizar datos para planificación y políticas públicas y también para actualizar el marco muestral. Más de 10 años es demasiado tiempo, pero menos de 10 años es muy costoso”, afirma.