"Señor parlamentario: por este medio me dirijo a usted, manifestándole mi preocupación respecto del proyecto de ley de la reforma educacional".

Con este párrafo comienza una de cientos de cartas enviadas por apoderados de colegios particulares subvencionados al Congreso en las últimas semanas.

Aunque las misivas -con fecha de septiembre- han sido remitidas a senadores y diputados de todo el espectro político, la ofensiva se ha concentrado en diputados de la Nueva Mayoría, especialmente en algunos de la Región Metropolitana. Aunque en regiones también hay quienes han sido destinatarios de la ofensiva.

Se trata de una arremetida coordinada por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), quienes han buscado transmitir una fuerte inquietud por los efectos de los cambios que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet.

Los padres se han organizado en sus colegios para expresar por escrito sus cuestionamientos al respectivo diputado o senador que representa a la comuna donde está ubicado el establecimiento.

Entre los puntos que plantean los remitentes figura el temor de que su colegio deba cerrar por las exigencias de la reforma. Además, exigen el derecho a tener a sus hijos en colegios que garantizan cierta seguridad al niño, apoyando, implícitamente, la selección de alumnos, justamente el sistema que La Moneda pretende eliminar, ya que considera que contribuye a la segregación en el sistema educativo.

En las cartas enviadas a parlamentarios, también se plantea la necesidad de que los establecimientos no estén expuestos a huelgas y tomas, y se reivindica la posibilidad de que los padres o apoderados puedan contribuir monetariamente a la educación de sus hijos. Esto, mediante un copago mensual, otro de los mecanismos que busca eliminar el gobierno.

"Es una acción coordinada por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, pero de parte de los padres de cada colegio. La idea es hacerles ver a los parlamentarios nuestra inquietud y la necesidad de que escuchen el clamor de los padres", dijo Erika Muñoz, presidenta de la Confepa, quien explicó que esta acción no obedece a un color político determinado.

La dirigenta agregó que seguirán con esta estrategia, pues -a su juicio- la reforma que salió de la Comisión de Educación de la Cámara tiene mayores deficiencias que lo que estaba incluido en el paquete que el gobierno ingresó al Congreso.

CASILLEROS REPLETOS

En las oficinas de los diputados Gabriel Silber (DC), Ramón Farías (PPD) y Tucapel Jiménez (PPD) acusan haber recibido decenas de cartas que han repletado sus casilleros y que, en algunos casos, ya han colmado sus cajones.

Al independiente Giorgio Jackson, en tanto, también le han llegado estos reclamos de apoderados, pero, básicamente, a través de correos electrónicos.

Otros parlamentarios, por su parte, dicen que sólo han sido algunas cartas, contadas con los dedos de la mano.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), representante de Tarapacá, sostiene que recibió cerca de 100 misivas de un grupo de apoderados de un colegio de Alto Hospicio, mientras que Fidel Espinoza (PS) también comentó que ha recibido varias cartas de contenido similar.

NUEVA MAYORÍA EN ALERTA

La ofensiva epistolar es similar a la que se ha experimentado en otros países, como Estados Unidos, donde ciertos grupos recurren a esta práctica para presionar a sus congresistas.

El hecho ha puesto en alerta a las bancadas de las colectividades de la Nueva Mayoría. 

Algunos reconocen, en privado, que existe temor por los costos políticos que puede tener la reforma educacional. Otros, en cambio, dicen que la inquietud pasa, más bien, por la "campaña del terror" que acusan de parte de un sector de la Alianza, estrategia que -dicen- estaría surtiendo efecto entre los apoderados.

De hecho, algunas de las cartas tienen un formato similar, están escritas por computador y el texto es prácticamente el mismo. Sólo cambia la firma del apoderado emisor.

"Lo que me preocupa es que todas las cartas obedecen a un mismo formato. Están pauteadas. Me preocupa que haya una instrumentalización o una utilización de los apoderados que, intimidados ante la pérdida eventual del colegio de sus hijos, tengan que firmar estas cartas", dijo Gutiérrez.

Farías, en tanto, le restó dramatismo y afirmó que son prácticas de lobby conocidas. "Esto tiene poca efectividad cuando uno se da cuenta de que todas las cartas son absolutamente iguales. O sea, alguien lo redactó. No hay diversidad de opinión. Yo llamaría a la calma. La reforma no es lo que ellos dicen", expresó.

Por su parte, el diputado Silber señaló que "por ingratas que sean las misivas, uno como parlamentario está obligado a leer y escuchar cada una de las cartas".