La propuesta de nueva Constitución (PNC) reconfigura la relación entre lo público y lo privado. Lo hace al desacralizar el principio de subsidiariedad y subirse al carro de un constitucionalismo social que, desde hace un siglo ya, ha colectivizado los riesgos sociales y resguardado universalmente las condiciones básicas de sobrevivencia y dignidad de la población, encargándole al Estado, además de sus funciones habituales de protección de la libertad, la propiedad y la seguridad, funciones de carácter prestacional. Lo anterior, supone naturalmente una retracción (no una eliminación) del mercado en la provisión de salud, educación, pensiones y otro tipo de prestaciones sociales. Pero, ¿es esta la única reconfiguración de lo público-privado que debiera interesarnos?
Gøsta Esping-Andersen ha destacado que la familia -una insignia de lo privado- es la más importante de las tres grandes fuentes históricas de absorción de riesgos sociales (además, del Estado y del mercado). Por tanto, toda colectivización de dichos riesgos implica, por definición, una “desfamiliarización” de su gestión, la cual descansa habitualmente en las mujeres, quienes suelen encargarse de la dependencia y el cuidado. Así las cosas, ¿es posible abrazar exitosamente un modelo de Estado social sin preocuparnos por las inequidades que ocurren al interior de las familias y sin tomar nota de los vertiginosos cambios obrados en ellas? En una columna aparecida en el diario El País, a principios de este siglo, Esping-Andersen alertaba sobre los riesgos de mantener políticas familiares anticuadas. El declive de la familia patriarcal (hombre proveedor-mujer ama de casa), sumado a la inestabilidad conyugal, el aumento de familias monoparentales y la precarización de las condiciones económicas de las parejas jóvenes había fragilizado los cimientos del Estado social. De ahí que el futuro de la protección social esté enlazado a la protección de la familia. Pero no de aquella que habita en los imaginarios conservadores, sino de las reales: diversas y dinámicas. Para el sociólogo danés los desafíos son tres: prevenir la pobreza infantil, promover el empleo materno y compatibilizar el trabajo profesional y el cuidado.
La PNC aborda estos tres desafíos y avanza más allá. Teje una red de protección social que se proyecta hacia la infancia a través de sendos sistemas integrales de cuidado y de protección de garantías de la niñez. Las familias son protegidas, en “sus diversas formas, expresiones y modos de vida” (art. 10), se promueve la corresponsabilidad social y de género, se ordena la implementación de mecanismos de redistribución del trabajo doméstico y de cuidados (art.49) y se garantiza la cobertura de seguridad social a quienes ejerzan dichas actividades (art. 45). Dada la controversia sobre el modelo de familia en Chile (con episodios más o menos conocidos), no es claro si estas innovaciones de la PNC podrían replicarse en una eventual nueva discusión constituyente.