Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal Facultad de Derecho U. de Chile

Por estos días la contingencia política nacional y el proceso constituyente copan la agenda pública. Ello permite que hechos de inquietante gravedad pasen desapercibidos para la opinión pública y que el gobierno pueda ignorarlos.

Es el caso de la extraña presencia de un avión aparentemente venezolano, pero de oscuros vínculos con grupo terroristas y la República Islámica de Irán. En efecto, el pasado 22 de junio aterrizó en Santiago una aeronave Airbus A340 proveniente de Caracas operada por la aerolínea estatal venezolana, matrícula YV3533, supuestamente transferida meses antes por la iraní Mahan Airlines. Dicha aerolínea es conocida en círculos de inteligencia por ser una fachada civil de las fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán para enviar armas al grupo terrorista libanés Hezbolá. Es más, la aerolínea y sus aeronaves están incluidas en la lista del  Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Se trata de sanciones impuestas a quienes auspician actividades terroristas así como a los grupos terroristas y sus integrantes.

El avión –que en los últimos meses ha aterrizado en Chile al menos en seis ocasiones- permaneció pocas horas en territorio nacional, ignorándose el propósito del vuelo, la identidad de la tripulación y sus pasajeros, y la posible carga que traía o que pudo incorporar en suelo chileno. Es llamativo sin embargo que el mismo avión recientemente realizó diversos vuelos a Teherán, incluyendo el traslado de Nicolás Maduro para estrechar vínculos de cooperación entre el régimen fundamentalista islámico y la dictadura venezolana. También, que el avión hermano traspasado por Irán a Venezuela, se encuentra retenido e investigado por la justicia argentina. La fiscal Cecilia Incardona ha señalado que las circunstancias irregulares del uso de estos aviones, “llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave (…) constituye, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Encontrándonos próximos al aniversario del ataque terrorista a la mutual judía argentina AMIA que costó la vida a 85 civiles, incluidos dos chilenos, y en el que tuvo participación el actual ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi -sobre quien pesa una orden de captura internacional de Interpol-, resulta preocupante la indiferencia de nuestras autoridades. Es plausible que el avión iraní cumpla un rol de transporte estratégico para el tráfico de armas, uranio, blanqueo de dinero del narco terrorismo, desplazamiento ilícito de terroristas, y la perpetración de actos terroristas en territorio nacional. Venezuela ha sido la cabeza de playa de Irán en Latinoamérica por lo que Chile sin ingenuidad debe adoptar las acciones necesarias para no poner en riesgo su seguridad.