El año 2013 el Presidente Piñera saldó la deuda histórica respecto de la ausencia de una Política Nacional de Desarrollo Urbano. Hoy tiene la posibilidad cierta de implementarla a través de uno de sus ejes fundamentales que es la Integración Social Urbana. Si bien durante los últimos años se avanzó en su fundamentación y en la construcción de una nueva plataforma de instrumentos, la discusión actual detonada por el alcalde Lavín podría capitalizarse a través de políticas públicas integradas.
En el entendido de que el déficit urbano habitacional es tanto cualitativo como cuantitativo, las soluciones deben ser diversas e integradas. Este no es un problema de vivienda social, no es un problema del MINVU, es un problema de ciudad y por lo tanto, debe ser abordado multisectorialmente, al menos desde el Comité de Ciudad, Vivienda y Territorio.
Recomendaciones como la del senador Felipe Kast de crear una comisión para establecer un acuerdo "por una ciudad justa" que entregue el apalancamiento necesario parecen ser necesarias y viables. Propuestas de cuotas de vivienda social en barrios y comunas como la planteada por TECHO-Chile, deben ser consideradas seriamente y explorada su viabilidad. Pero ésta no puede ser evaluada de la manera tradicional, es decir, la eficiencia del gasto y la reducción de conflictos. Una política pública de estas características no puede ser desarrollada de otra manera que no sea gestionando los conflictos.
En este caso es incorporando los costos y beneficios estructurales, plus y minusvalías, demandas de movilidad, acceso de bienes y servicios públicos, entre otros. Sensatamente, Ricardo Abuauad de la UDP hacía notar que el mismo sector de Rotonda Atenas tiene demandas urbanas por resolver que probablemente inciden más en los atributos del barrio que el eventual arribo de un proyecto específico de vivienda. Entonces, el Gobierno está llamado a ocupar toda la máquina del Estado para alcanzar objetivos estructurales como el de la integración social urbana que está validado tanto por los lineamientos de gobiernos sucesivos como por recomendaciones de la OECD.
Políticas exitosas como la aplicación del Programa de Integración Social y Territorial DS 19, han demostrado que pueden contar con el apoyo del sector privado si los incentivos son los adecuados. En días en que la citada máquina del Estado aún no está en plena marcha y que las expectativas de crecimiento económico son limitadas, el gobierno tiene la posibilidad de hacer historia y transformar a la integración en una herramienta real de activación económica inteligente.