Las declaraciones emitidas por la Cancillería boliviana hace unos días, en que reconoció que una parte del río Silala fluye naturalmente hacia Chile, constituyen un precedente muy relevante en la disputa que nuestro país y La Paz mantienen respecto de dicho afluente. En dicho litigio, que deberá dirimir la Corte de La Haya, la parte chilena sostiene que se trata de un río internacional, que debe ser compartido, pues aun cuando éste nace en territorio boliviano, escurre de manera natural hacia el lado chileno; Bolivia, en cambio, argumenta que el vertimiento hacia Chile se debe a obras artificiales que desvían el cauce, por lo que reclama íntegros derechos sobre el afluente.

El comunicado de la Cancillería paceña naturalmente tomó por sorpresa incluso a los círculos políticos bolivianos, que han acusado de extrema imprudencia una declaración de esta naturaleza, al debilitar la tesis que ha sostenido La Paz. Las nuevas autoridades señalaron que en la contramemoria que Bolivia presentó ante La Haya figura el antecedente de que parte del Silala fluye hacia Chile, acusando que el gobierno de Morales estructuró una defensa sin demasiada base científica. El propio agente de La Paz despejó dudas, al señalar que "Bolivia no tiene la soberanía sobre el 100% de esas aguas(…) Para aclararle a los bolivianos y para trabajar con la verdad en este caso, debemos decir que lo que está en discusión ya no es si estas aguas son compartidas; lo que está en discusión son otros temas a partir de ahora, como son los canales artificiales, el curso artificial del agua, los bofedales (…) temas de cómo Bolivia puede usar su parte de agua".

Fue el gobierno de Morales el que llevó a juicio a nuestro país ante La Haya, reclamando derechos expectaticios para una salida soberana al Pacífico, pretendiendo desconocer el Tratado de 1904. La Paz buscaba un dictamen que obligara a Chile a negociar una salida, pero la Corte finalmente desestimó en forma contundente esta pretensión. En 2016 Morales había amenazado con volver a demandar a Chile ante La Haya, denunciado un uso ilegal de las aguas del Silala y por tanto reclamando compensaciones económicas. Chile se adelantó y presentó una demanda ante la Corte, lo que motivó que la Paz posteriormente respondiera también con una contrademanda.

Es evidente que el reconocimiento que ha hecho la propia defensa boliviana sobre el carácter del Silala entrega a Chile una carta muy sólida para sus pretensiones, y será durante la fase oral del juicio donde se conocerán públicamente los argumentos de cada parte. Aun si en las elecciones generales de mayo hubiere un cambio de gobierno, para efectos del litigio ante La Haya quedará por establecido que el Estado boliviano reconoció lo que nuestro país viene sosteniendo desde un principio. Pese al sinceramiento de La Paz, insiste en todo caso que cualquier entrega de flujo a Chile estará sujeto a un acuerdo entre las partes que implicará "una compensación". Tal pretensión carece de sentido al tratarse de aguas internacionales, y solo complicaría los esfuerzos por avanzar hacia una mayor integración.