Unidad de Servicios Mínimos sugiere analizar particularidades de firmas

Transantiago

La entidad creada tras la Reforma Laboral publicó el informe de estándar técnico de calificación de estos servicios en caso de huelga, categorizándolos en seguridad, utilidad pública y daños ambientales.




Tras la implementación de la Reforma Laboral hace un año y tal como lo establecía la Ley, la Unidad de Servicios Mínimos de la Dirección del Trabajo publicó su informe de "Estándares Técnicos" para la calificación de estos servicios y equipos de emergencia en las empresas, en caso de huelgas.

En este contexto, realizó un análisis de 189 procesos administrativos de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, entre el 2 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2018.

En el análisis se determina la categorización de servicios mínimos, que deben ser acordados antes de iniciar la negociación colectiva, en 3 áreas: seguridad, utilidad pública o necesidades básicas de la población y los destinados a prevenir daños ambientales y sanitarios.

Además, cada servicio mínimo se evalúa con criterios generales en base a 18 áreas económicas determinadas, tales como: enseñanza, comercio, transporte, banca, construcción, industria, entre otras.

Bajo ese criterio la Unidad advirtió sobre la necesidad de fijarse en criterios más particulares para la calificación de estos servicios.

"En atención a las exigencias normativas para la procedencia de la restricción del derecho de huelga, se advierte que resulta necesario el análisis particular de cada empresa y la observación de sus condiciones particulares, debido a que el estándar de necesidad, que haría justificada la decisión de calificar un determinado servicio mínimo, puede variar según el funcionamiento del proceso productivo particular y los diversos factores que en él influyen", dice el informe.

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Utilidad Pública

El concepto de utilidad pública es uno de los argumentos más utilizados por las empresas para la solicitud de servicios mínimos (además del de seguridad). En este escenario, por ejemplo, la entidad señala que en el caso del Transporte Público, donde las empresas del Transantiago pidieron más del 90% de dotación para servicios mínimos y sólo les dieron el 14%, no se justifica la utilidad pública, ya que existen otros prestadores que pueden ayudar con el servicio.

Otro ejemplo es en Educación, donde se señala que se pueden tomar los resguardos necesarios para informar oportunamente a la comunidad educacional. En tanto, en la banca hay algunas excepciones a evaluar: retiro de dinero en cajeros automáticos, retiro y colocación de fondos, entre otras.

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