En su cuenta anual, la Presidenta de la República se refirió al abuso de privilegios, a la voz crítica y alerta ante las prácticas ilegítimas y a la existencia de un fuerte consenso para avanzar. Habló sobre las oportunidades históricas para reconstruir la confianza, sobre rendición de cuentas y participación ciudadana realmente incidente. Anunció el cumplimiento de las medidas administrativas y se dio un plazo de 45 días para tomar las medidas legislativas de la agenda de transparencia y probidad.

Son valorables las buenas intenciones y la justeza del diagnóstico, pero cuesta comprender la articulación de la agenda y añoramos oír sobre las reformas necesarias en materia de transparencia, muchas de ellas sugeridas por el propio informe Engel.

En efecto, la Presidenta confirmó en su discurso la tramitación del llamado proyecto sobre fortalecimiento a la democracia, el que modifica la ley de votaciones, la de campañas y la de partidos políticos. Este fue presentado en diciembre de 2014, cuando sólo se conocía el caso Penta y la situación actual era aún inimaginable. Sin embargo, en las medidas anunciadas en su agenda de probidad señala que hará indicaciones a dicho proyecto y que enviará un proyecto de ley que reemplace la actual ley de partidos políticos. ¿Se tramitarán entonces dos proyectos paralelos sobre partidos políticos? ¿Y habrá alguno de ellos que los obligue a cumplir con estándares de transparencia satisfactorios, como demanda la sociedad civil y propuso el Consejo Asesor?

Dos medidas legislativas anunciadas nos parecen de gran transcendencia: la consagración constitucional del Servel y la creación del Ombudsman o Defensor del Pueblo. Sin embargo, llama la atención que también sean parte de las medidas prometidas las leyes orgánicas constitucionales que regularán ambos organismos, las que serían enviadas una vez aprobadas dichas reformas constitucionales.

Lamentamos no encontrar entre los anuncios presidenciales realizados en el discurso, ni en la agenda publicada por el Gobierno en su sitio de internet, la reforma constitucional de reconocimiento de la transparencia y el acceso a la información pública como principios del actuar de la Administración del Estado, ni éste último como derecho fundamental. Tampoco se hace referencia al fortalecimiento del Consejo para la Transparencia. Es más, como se ha comentado desde el propio Consejo y desde la sociedad civil, las modificaciones a la ley de transparencia propuestas por el Ejecutivo en septiembre de 2014 que se encuentran en actual discusión en el Congreso son regresivas respecto de la protección y garantía del principio de transparencia en la Administración del Estado y del derecho fundamental de acceso a la información pública. Nos alegramos de que el gobierno haya hecho eco de las inquietudes planteadas y haya quitado la suma urgencia a esta discusión. Esperamos que con ello se abra la posibilidad de una participación ciudadana real e incidente en la discusión ante el Congreso, la que no ha sido acogida hasta ahora, aduciendo la urgencia de la tramitación.

Los avances necesarios para restaurar las confianzas son muchos y la sociedad civil organizada seguirá insistiendo para que se logren. Sin embargo, la premura en legislar no puede traducirse en normas poco prolijas ni en decidir a puertas cerradas. Difícil parece ser la tarea de dar mensajes firmes de cambio y a la vez tomar medidas contundentes en pos de los objetivos fijados.