La jornada consagrada al Día del Patrimonio partió en este siglo, cuando aún se podía cruzar el palacio de gobierno a pie y encontrarse con presidentes y ministros, retomando esa tradición republicana rota con el bombardeo a La Moneda y luego por el clima de desconfianza. Llevamos dieciocho encuentros de divulgación de nuestro patrimonio, gran oportunidad no solo para la difusión de nuestra identidad material e inmaterial, sino también para una reflexión sobre la idea de cultura que nos reúne como país y la forma en que ésta es recogida por instrumentos y cuerpos legales, entre ellos el más importante de todos: La Constitución, en cuyo proceso de discusión –debate aun en curso- el tema patrimonial emergió con sorpresa. La protección y conservación fue considerada prioritaria, un deber del Estado y una responsabilidad ciudadana.

Así es. En las diversas instancias de discusión generadas en torno al proceso constituyente -datos recogidos por instancias como el Informe de los Observadores Ciudadanos y el Informe del Comité de Sistematización ejecutado por el Centro de Argumentación de la UDP- se desprendió que el tema patrimonial ocupa los primeros lugares entre los intereses ciudadanos: fue cuarta prioridad en los encuentros locales auto convocados; quinta durante los cabildos provinciales y tercera en los cabildos regionales. Esto no debería extrañar. Desde hace dos décadas la protección del patrimonio representa para muchos la única herramienta eficaz para enfrentar las amenazas de una era global y un mercado salvaje que muchas veces parece correr con ventaja. Este evidente desequilibrio entre crecimiento y desarrollo ha convertido a la Ley de Monumentos y a la declaratoria de Monumento Nacional, en el dique de contención frente a la hostilidad que representa la industria inmobiliaria y los grandes proyectos de infraestructura en comunidades y territorios.

Hoy proliferan las declaraciones de protección patrimonial a través de un instrumento que además contempla un mecanismo de consulta ciudadana o iniciativa popular, que le arroga a cualquier chileno la facultad de proponer la protección por ley de un bien cultural, arqueológico, inmueble, mueble o intangible. Por eso no debería sorprender que una parte de la sociedad se haya atrincherado en este reducto para proteger modos de vida y convivencia, aspectos paisajísticos y pintorescos de nuestros territorios, costumbres y cultura. ¿Pero de qué patrimonio estamos hablando?  El espacio que el tema ocupó en la discusión constitucional -y su asociación con la identidad- plantea un evidente desafío para el próximo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, quien tendrá que resolver sobre qué paradigma cultural y patrimonial se alienta el diseño de nuestro sistema de conocimiento, selección, gestión y preservación, así como una futura y necesaria política nacional en torno a estos temas. Que el diseño institucional logre equilibrar facultades, recursos y coordinación entre la nueva entidad y las ya existentes de manera apropiada, es clave para asegurar un sistema de conservación a la altura de las expectativas de los chilenos.

Un dato para tener en cuenta: entre los resultados de las consultas realizadas hasta ahora -interesante es la hecha por internet donde los jóvenes aparecieron entre quienes más relevancia otorgan a la preservación del patrimonio-, los ciudadanos plantearon como prioritaria la necesidad de preservar la historia y el valor de la memoria; los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios; el reconocimiento del patrimonio desde su naturaleza material e inmaterial; y sobre todo, el hecho de que este es un deber y una responsabilidad compartida -consagrada constitucionalmente- entre Estado y sociedad, individuos y comunidades; entre el país y sus territorios diversos. El Día del Patrimonio se ha convertido en un mecanismo esencial y efectivo para celebrar la cultura que nos es común, los hitos materiales, tradiciones, modos de vida pasados y proyección futura que constituyen nuestra identidad. De ahí la grata sorpresa de que su conservación emergiera con fuerza en el debate constitucional.