Los desafíos que se plantean actualmente para la educación superior, son tan o más trascendentes que los vividos por el sector en las últimas décadas. Para enfrentarlos, hoy contamos con un nuevo marco regulatorio, el cumplimento de un compromiso que no estuvo exento de dificultades, dadas las diversas y legítimas visiones de los distintos actores del sistema.

La discusión de los últimos meses permitió generar consensos y apoyo mayoritario en el Congreso Nacional para la aprobación de la nueva ley de Educación Superior, haciendo realidad un principio fundamental, que como sociedad nunca debimos perder: la educación es un derecho y no puede estar determinado por la capacidad de pago de los estudiantes. Hoy, entonces, estamos brindando oportunidades reales de desarrollo a miles de jóvenes, lo que claramente impactará en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El nuevo marco regulatorio facilitará la interacción de los distintos actores del sistema, gracias al ordenamiento de roles y funciones de cada institución: a partir de la promulgación de esta reforma, las familias sabrán que una Superintendencia velará por el cumplimiento de las normas, la transparencia y el correcto uso de los recursos; los estudiantes podrán confiar en que la oferta académica será de calidad, en cuanto será obligatoria su acreditación; y el país tendrá la certeza de que ningún joven con talento deberá renunciar al sueño de acceder a la educación superior, por la carencia de recursos económicos. La gratuidad consolida un sistema que tiene la equidad y la inclusión como ejes fundamentales.

Hoy día entonces, contamos con las instituciones, mecanismos y herramientas que nos permitirán avanzar conjuntamente en las tareas y desafíos fundamentales que enfrentamos como sector: la pertinencia de la formación, la articulación, el desarrollo de la investigación e innovación, la internacionalización, entre otros.

Un elemento central para consolidar el éxito de esta reforma, es su implementación: es necesario que se logre una mirada integradora y comprehensiva del sistema de educación superior en su conjunto, que esté guiada desde las necesidades y demandas que hizo la sociedad, y que responda a los objetivos de desarrollo del país.

Parte de la discusión que se dio durante los largos meses de tramitación del proyecto, responde a un fenómeno de carácter mundial. Hoy la educación superior debe responder a una diversidad enorme de expectativas, intereses y objetivos. Desde la formación de profesionales y técnicos, el desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento, la pertinencia y vinculación con distintos sectores de la sociedad, hasta ser un motor de cambio social, que contribuya al desarrollo productivo del país.

En este contexto, existe un desafío fundamental para el sector: el rol del Estado no puede ser sólo el de la regulación y el aseguramiento de que las instituciones "caminan (más o menos bien) en la dirección correcta". Tenemos experiencias concretas que muestran que entregar información sobre el desempeño de los planteles, no garantiza que los jóvenes reciban una educación de calidad. Con lo anterior, no quiero decir que el Estado debiese asumir un rol intervencionista; por el contrario, su rol deberá ser el de convocar a las instituciones para que estas desarrollen una autonomía responsable y, consecuentemente, fortalezcan su coherencia, integridad y responsabilidad institucional.

La implementación de la reforma implica desarrollar una mirada comprensiva del sistema, que incorpore la complejidad del sector desde una perspectiva flexible y pertinente, que permita el desarrollo de la diversidad de modelos y misiones que promuevan la calidad.

El desafío es la armonización, articulación y la implementación de políticas que propendan a la consecución de objetivos comunes, y resguarden la formación integral de los estudiantes.