EN LAS últimas semanas, la habitual creatividad de nuestros parlamentarios ha superado todas las marcas. Solo tres ejemplos bastan para señalar cómo el populismo ya está instalado en buena parte de la clase política.

Así por ejemplo, hemos sido testigos de cómo ha evolucionado la discusión en relación a la nueva ley que regula los cobros de estacionamientos y la correspondiente alza de tarifas.

Parlamentarios de distintos sectores políticos propusieron transformar el uso de estacionamientos privados en una especie de derecho social, eliminando el cobro inicial y estableciendo el concepto de gratuidad en estacionamientos. Es evidente, que una iniciativa como esta terminará incentivando el uso del automóvil particular, lo que va en contra de la tendencia mundial y se contrapone al mayor uso del transporte público y cuidado del medioambiente. Asimismo, los costos asociados al servicio serán incorporados en el precio de arriendo de los locatarios y en los productos vendidos. Esto terminará siendo en gran parte de cargo de los peatones, quienes subsidiarán a los automovilistas.

En la misma lógica anterior, la diputada Camila Vallejo no quiso quedar fuera de la cruzada populista y presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios de los trabajadores.

Asimismo, señaló que su iniciativa aumentaría la productividad en términos globales. A todas luces parece una iniciativa loable, en cuanto a que un mayor tiempo de ocio disponible generaría mayor bienestar. Sin embargo, la diputada no entiende que su iniciativa tiene un problema de causalidad, es decir, una mayor productividad permitiría trabajar menos horas, pero trabajar menos no asegura una mayor productividad. Solo tengamos en mente que Chile genera US$27 de producción por hora trabajada, mientras que Bélgica e Irlanda alcanzan US$68 y US$66 respectivamente. Estas cifras desnudan que el problema de fondo con la menor productividad y el mayor número de horas de trabajo es el déficit en capital humano.

El último botón de muestra es la nueva normativa para el traslado de niños en automóviles particulares. De esta forma, se cursarán sanciones por llevar a un niño menor de 9 años sin un sistema de retención infantil como una silla, butaca o alzadores y en el caso de menores de 12 años, la normativa prohíbe que ocupen el asiento delantero de un vehículo. ¿Quién puede estar en contra de que debemos proteger a nuestros hijos?

Sin embargo, nuevamente la visión socialista impone un regulación que le da la espalda al sentido común y a las preferencias y restricciones de los automovilistas.

Muchas de las actuales políticas públicas requieren el diseño de intervenciones que deliberadamente impulsen a las personas, sin coerción y sin afectar su libertad de elección, hacia acciones que les beneficien en el largo plazo. Es evidente que los ejemplos señalados no van en esa dirección. Ya es hora que nuestros parlamentarios impulsen iniciativas más racionales. La ciudadanía y los votantes lo agradecerán.