La OCDE, con sede en París, nace en 1947 como la Organización Europea de Cooperación Económica, con el objetivo de administrar la ayuda que Estados Unidos enviaba a Europa para la reconstrucción después de la II Guerra Mundial. Se establece formalmente con el propósito de ayudar a los países miembros y a otros países a lograr un crecimiento económico sustentable y elevar los niveles de vida.

La institución plantea que las naciones económicamente más avanzadas deberían cooperar en la asistencia a aquellos países en vías de desarrollo. Es por ello que ésta se enfoca principalmente en temas globales como economía, sociedad, desarrollo, finanzas, gobernabilidad, innovación y sostenibilidad, pobreza y desigualdad, entre otros.

Según el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, "Chile fue escogido por la excelencia de sus políticas públicas. El tamaño del país no es un criterio de ingreso, sino más bien la calidad de las políticas. Chile es atractivo porque está en condiciones de contribuir con su propio éxito a un análisis de lo que funciona y lo que no. La calidad de sus gobiernos y gobernantes ha hecho que Chile avance rápido y pueda compartir sus experiencias con otros países en beneficio de estos".

La aceptación de Chile para formar parte de la OCDE como país miembro es un reconocimiento internacional que significa la obtención de beneficios, que si bien no se manifiestan de manera inmediata y tangible, si se dan en términos de prestigio.

Ser miembro de la OCDE significa mayor confianza y credibilidad por parte de inversionistas internos y externos, así como también para emprendedores nacionales e internacionales y agentes que comercian con el país.

Es aquí donde me detengo como chilena, pues si nuestro país se precia de tal membresía, ¿de qué manera se incorpora el tema de la inclusión social en cada una de las líneas globales que aborda y trabaja la OCDE? No se puede pretender avanzar en contenidos globales si no están instaladas al menos las bases de lo que significa e implica llevar adelante políticas públicas relativas a temas de discapacidad, por ejemplo.

Areas como Salud, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Educación, Acceso a la Justicia, Trabajo, Investigación, Desarrollo e Innovación, Accesibilidad Universal y Deporte, entre otras, son temáticas que no deben ni pueden quedar fuera de los comités, que si bien abordan mayoritariamente temas económicos, existen estudios que indican cuando se juntan la discapacidad + pobreza, el resultado es muy difícil de revertir.

Actualmente en Chile existen 2.068.072 personas con algún tipo de discapacidad en cualquiera de sus grados. Esto implica que un 12,9% de la población vive a diario esta realidad. (Dato Endisc, 2004).

La incorporación de nuestro país a esta organización (mayo de 2010), le ha significado ser reconocido en la región y a nivel internacional como uno de los países más estables económicamente, no obstante, con mayor desigualdad de ingreso per cápita. Los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10% más pobre.

Desde mediados de la década pasada, la desigualdad ha disminuido un punto en nuestro país. Aun cuando esto representa un progreso, no es suficiente para que Chile salga de entre los países que conforman la OCDE con mayor desigualdad. Comparada con la disminución en la desigualdad de ingresos observada en otros países latinoamericanos (Perú, México, Brasil, Argentina), la disminución observada es pequeña.

En concreto las cifras de pobreza y desigualdad en nuestro país, y de acuerdo realidad de las personas con discapacidad, dan cuenta que sólo algunas de ellas reciben una pensión de invalidez, que es un monto de dinero que otorga el Estado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) a personas calificadas equivocadamente como "inválidas" (o sea no valen…) y que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional, o que tienen una pensión insuficiente. Se catalogan en:

• Pensión Básica Solidaria de Invalidez: Para personas de entre 18 y 65 años, al 55% de las familias más pobres. Su monto es de $75.000 mensuales.

• Aporte Previsional Solidario de Invalidez: Mismos requisitos que la anterior, salvo que la persona debe haber cotizado en algún régimen previsional y el monto que reciba como pensión de invalidez sea inferior a una Pensión Básica Solidaria de Invalidez. El monto es la diferencia entre lo que recibe como pensión y los mencionados $75.000.

Este tema está pendiente de ser tratado en la OCDE, pues no podemos seguir dejando a más de dos millones de chilenos fuera de la confección de las políticas públicas de nuestro país, y con mayor razón si son tomadas como ejemplo para otras naciones.