El procedimiento de una acusación constitucional consta de dos trámites. En el primero la Cámara de Diputados decide aprobar o rechazar la acusación. Si se aprueba, se pasa al segundo trámite, en el cual el Senado actúa como juez. En el caso de estar de acuerdo con la Cámara de Diputados, el acusado es destituido de su cargo. El 4 de abril de 2013 la acusación constitucional contra el Ministro de Educación Harald Beyer pasó a segundo trámite tras aprobarse en la cámara por 58 a 56 votos. De ese modo, Beyer pasó a ser el primer ministro suspendido en su cargo desde que la también Ministra de Educación Yasna Provoste enfrentó la misma situación hace 5 años bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Si Beyer enfrenta el mismo destino que enfrentó Provoste, será destituido.

Comparar ambos casos permite aclarar la eventualidad de su destitución. La gran diferencia entre ambos casos es el motivo tras la acusación. En el caso de Provoste, la acusación se basó en una negligencia cometida en relación al pago ilícito de subvenciones escolares. En el caso de Beyer, la acusación se basó en el abandono cometido en relación a la fiscalización del lucro. Mientras que la acusación contra Provoste siguió la línea de acusar a ministros por negligencia, la acusación contra Beyer inauguró una nueva línea de acusar por abandono. El problema tiene que ver con la consistencia. Si todos los ministros desde 1990 han sido acusados por negligencia, una acusación por abandono es a lo menos raro.

No cabe duda que la acusación constitucional contra Beyer responde a una racional política íntimamente ligada a estrategias electorales.  A diferencia de Provoste, la acusación se da en un año de elecciones presidenciales y legislativas donde la oposición ansia volver al poder. Evidentemente es positivo fiscalizar y eventualmente acusar a ministros por abandono de deberes. Pero comenzar a hacerlo en un año electoral y justamente con uno de los titulares más transversales y pro-activos que han pasado por el ministerio más sensible de los últimos tiempos revela el verdadero espíritu de la acusación. A solo siete meses de las presidenciales el calculo político es que quién sea dueño de la agenda de la educación será quien controle el votante mediano.

La similitud con la acusación con Provoste es la mayoría legislativa que apoya la iniciativa. En 2008, Provoste fue destituida por una votación de 59-55 en la Cámara de Diputados (compuesta por 120 miembros) y por una votación de 20-18 en el Senado (compuesta por 38 miembros). En 2013, el escenario se ve similar para Beyer. Ya perdió en la Cámara de Diputados por 2 votos, y ahora enfrentará a un senado dividido de forma similar a la de 2008. Hoy el senado esta dividido en 18 senadores que militan o simpatizan con la Alianza (la coalición que votó en contra de la acusación en la cámara baja) y 20 senadores que militan o simpatizan con la oposición (la coalición que votó en contra de la acusación en la cámara baja). Es decir, por lógica la destitución parece ser un hecho irrevocable.

Pero si miramos un poco más de cerca lo que sucede en el Senado, veremos que no es lo único que puede suceder. De hecho, hay al menos tres escenarios posibles. En orden de más a menos probable, el primer escenario sostiene que la destitución prospera. En este escenario los 20 senadores de la oposición votan en bloque a favor de destituir a Beyer. Los 18 senadores de la Alianza (incluyendo a los independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi) también se coordinan pero no logran cambiar el rumbo de la votación. El segundo escenario también sostiene que la destitución prospera. Pero en este caso algunos senadores de la oposición se inhabilitan (como Alvear) o abstienen (como Walker), pero los independientes que votan a favor de la destitución permiten a la oposición alcanzar el quórum.

El tercer escenario, menos probable a estas alturas, es que la destitución no prospera. En este caso lo senadores de la oposición también se inhabilitan o abstienen, pero los dos senadores independientes se cuadran con la Alianza para salvar a Beyer. Improbable por un lado, porque dado que hay algunos diputados con intereses económicos comprometidos en la educación superior que votaron en la cámara baja a favor o en contra de la acusación, abstenerse por tener relaciones con universidades no parece una razón verosímil para abstenerse. Además, parece contra productivo ser un senador titular de la oposición y no apoyar una causa que--si el cálculo político es correcto--les podría entregar el control de la agenda más importante de la próxima elección.

La destitución definitiva de Beyer va a depender primero de la cohesión de la oposición y segundo de la voluntad de los independientes. Si sucede algo similar que lo que sucedió en la cámara baja, la oposición efectivamente se va cuadrar para votar en bloque, y no va necesitar de los votos independientes. Lo más seguro, en cualquiera de los tres escenarios es que la Alianza tenga seguro 17 votos. Mientras la oposición pueda asegurar 18 votos, la acusación va prosperar. En ese caso Beyer será el segundo ministro de educación destituido en un periodo de 5 años. La verdadera pregunta es qué sucederá después. ¿Podrá la oposición controlar la agenda de la educación y ofrecer algo mejor que Beyer? O ¿habrán abierto la puerta a una seguidilla de acusaciones constitucionales basadas en cálculos políticos?