Hoy la Fundación Superación de la Pobreza entrega a los comandos presidenciales su propuesta de política social denominada Umbrales Sociales para Chile, donde el efecto estigmatizador de la focalización social en Chile, es central. Mejorarlo es el punto de partida para una nueva relación de las personas con las instituciones y entre los propios ciudadanos. Hemos comprobado en diversos estudios cualitativos, que nuestras pobrezas, vulnerabilidades y exclusiones se generan y persisten en gran medida, por ciertas relaciones sociales que se producen entre las instituciones y las personas.

Entender la pobreza también desde sus lógicas relacionales podría sonar extraño, pero no lo es en un país tan desigual como el nuestro. Es "relacional" porque las pautas de relación del Estado y las instituciones en general con las personas en pobreza obedecen a "relaciones" de auxilio y de asistencialismo, a través de las cuáles se ha operado por décadas con resultados desastrosos. Hemos asumido y normalizado socialmente que el Estado debe actuar solo cuando el mercado no lo hace. Así hemos construido escuelas "para pobres" en los mismos barrios segregados donde se construyeron casas "para pobres", y donde éstos se concentran, al igual que consultorios y hospitales "para pobres", donde se supone que se gastan racionalmente los recursos de todos los chilenos. Para decidir quiénes acceden a estos beneficios y quienes no, se utilizan sistemas más o menos sofisticados cuyas lógicas han ido cambiando, pero no así sus efectos.

Sin embargo, por mucho que se mejoren estos sistemas, siempre se terminará por "hacer competir" a individuos y familias por quién merece más las ayudas, lo que genera sentimientos de injusticia entre quienes habitan el mismo espacio físico, van a las misma escuelas, etc. Sin duda que la tarea pendiente, no es perfeccionar más los mecanismos de focalización, sino más bien dotarlos de una lógica distinta, donde estos procedimientos, entendiendo que no podemos dejar de focalizar por completo en un contexto de recursos limitados; permitan visibilizar los recursos de las personas, familias y comunidades.

Se trata de enriquecer la calificación económica que se hace de las familias considerando las propias opiniones de las personas que usan el sistema. Considerar por ejemplo, la presencia de niños o niñas infractores de ley, la migración irregular, el embarazo adolescente y otras. También que se consideren los gastos en vivienda, en enfermedades crónicas y en educación superior; y finamente, que se considere el factor territorial, considerando donde habitan las familias.

En definitiva, nuestra propuesta busca modificar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos: que se abra a comprender que varias familias con muy pocas diferencias habitan los mismos territorios, posibilitando la participación colectiva en los programas sociales, determinando de mejor manera qué recursos se pueden movilizar en cada caso para mejorar el bienestar y acordar una estrategia pertinente con cada familia o comunidad, evitando la dependencia de ayuda estatal y generando lógicas de promoción social y no de asistencialismo. Se trata de cambiar el uso de los mecanismos de focalización, de ocuparlos de una manera distinta, con una oferta diferente, que contemple lo territorial. Resulta intolerable insistir en una oferta fuertemente individual, cuando requerimos urgentemente recomponer nuestro tejido social.

Nuestra propuesta es ambiciosa y aborda temas muy sentidos por la comunidad, detectados a nivel nacional. Chile está preparado para enfrentar estos desafíos.