En algunos días más se cumplirá un año en que a partir de la muerte de Lissette, en un centro de SENAME, comenzó a revelarse la profunda fragilidad del sistema de protección a la infancia vulnerada. En estos meses numerosas organizaciones, hemos presentado en distintas instancias nuestras propuestas para avanzar hacia un modelo que cumpla adecuadamente el rol de garante en la protección de la salud física y mental de los niños.

Hemos podido verificar que el diagnóstico general ha sido transversalmente compartido, la falta de intervención terapéutica, la debilidad o inexistencia de procesos de reunificación familiar, la precariedad de los instrumentos de diagnósticos que utilizan los jueces de familia para determinar medidas cautelares, la poca especialización de las partes en materia de infancia, la carencia de herramientas de priorización desde la inter sectorialidad, particularmente grave en materia de acceso especializado a la salud, entre otros elementos que van configurando, no sólo una institución incapaz de cumplir los objetivos para los que se ha creado, sino a todo un sistema que ha fallado brutalmente, en un concepto acuñado por el abogado Francisco Estrada: La "Ilusión de Protección".  

La discusión del presupuesto puso de manifiesto que -no obstante la crítica situación y la necesidad de un sentido de urgencia de cara al riesgo vital que enfrentan nuestros niños en residencias- la prioridad ha sido avanzar en el camino legislativo, impulsando proyectos de Ley que definen una nueva institucionalidad y cuya discusión no resuelve en absoluto las cuestiones de fondo. Más aún, la discusión y acuerdos en torno al proyecto de Sistema de Garantías de Derechos de los Niños, estableció la postergación de las materias de protección especial a proyectos de institucionalidad especializada, los que recién se comenzarán a discutir, sin avanzar de manera concreta e inmediata en elementos de gestión que bien pudieran hacerse cargo de los aspectos que requieren la transición entre un modelo agotado y el que esté a la altura de las necesidades de este grupo que nuevamente queda al margen de las políticas públicas.

Hace pocos días el Presidente de la Corte Suprema dio a conocer cómo aún sin una legislación definida para ello, desde el 2012 se han  habilitado salas de declaración de niños en 43 de los 45 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, siendo un claro ejemplo de cómo proteger desde la gestión, sin haber esperado a la promulgación de una ley.  Vemos que claramente hay espacios que permiten el marco normativo. Lo mismo ocurre con el estatuto referido a los jóvenes infractores de ley en internación, que garantiza condiciones y derechos mínimos tales como el régimen de visita, aspectos que no están resguardados en el sistema de protección. Recientemente luego de años de impulsar la iniciativa, el Sename comenzó a promover el uso del Libro de Vida en sus residencias, con el fin de resguardar el derecho a la identidad de los niños.

Estas iniciativas no requieren de una ley, son resultado de la capacidad de gestión, de entender que no podemos ser pasivos espectadores del avance de la discusión parlamentaria y depositar en ello la vida de los niños más vulnerados.

La Infancia en nuestro país está siendo duramente golpeada. No sólo persiste como el grupo más amplio en materia de pobreza multidimensional, cerca de cien mil niños desertan del colegio cada año, apenas 1 de cada 2 accede a educación preescolar,  doscientos mil niños  trabajan arriesgando su salud física y mental, más de cuatro mil son explotados sexualmente, 3 de cada 4 han sufrido violencia en sus hogares.

Asimismo, la droga ha entrado en nuestros barrios y cada vez más tempranamente hay niños iniciándose en el delito, ya no a los 13 sino a los 11. Con este panorama, ¿estamos tranquilos de esperar que se discutan los proyectos de Ley para comenzar a hacernos cargo de una vez por todas?