Ya son varios los episodios que se registran en nuestro país los últimos días, en que ciudadanos hacen justicia por sus propias manos. Sólo esta semana, en el centro de Santiago, un supuesto ladrón fue retenido, golpeado, desvestido y amarrado a un poste con papel alusa, por un grupo de transeúntes, tras intentar asaltar a un anciano. Al otro día, en Providencia, otro grupo de personas detuvo a dos sujetos en las inmediaciones del Portal Lyon, acusados de robarle un celular a una mujer; los presuntos delincuentes fueron objeto de una descomunal paliza, resultando con lesiones de consideración. Y en Vicuña hay tres detenidos por electrocutar, atropellar e intentar enterrar vivo al presunto violador de un niño, el sábado pasado.

Uno de los hitos más relevantes de la civilización fue justamente poner fin a la autotutela, sustrayendo el conflicto a los particulares para entregárselo a un tercero imparcial que debía dirimir, fuese el guerrero más fuerte, el anciano más sabio, o un funcionario del rey, hasta arribar posteriormente a la figura del juez. Muchos siglos tardó la humanidad para que la Ley del Talión diera paso a códigos y leyes. Sobre la base de los principios iluministas y la posterior configuración del Estado Nación, la separación de poderes implicaría la existencia de una judicatura -Poder Judicial-, independiente del gobernante y de quienes hacían las leyes. En Chile, por mandato constitucional, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

Lo que está ocurriendo en nuestro país tiene ver con un sentido profundo de hastío y desconfianza en la efectividad de la justicia y sus operadores. La cantidad importante de delitos que no se investigan, o que terminan archivados sin mayores resultados, está creando una sensación de creciente impunidad. Ciertamente las expectativas sociales en la Reforma Procesal Penal eran altas, y por alguna razón (o varias) no se han cumplido. Y cuando las personas creen que la justicia solo funciona para algunos, o que es real la llamada "puerta giratoria" que se ha instalado en el inconsciente colectivo –apoyada por un discurso político que nada ayuda- entonces es difícil no prever este tipo de reacciones ciudadanas. Poca difusión ha tenido la reforma procesal penal; todavía el ciudadano promedio no entiende bien los roles de fiscales, jueces y defensores. Tampoco valora el derecho a defensa gratuita, ni la transparencia de un sistema oral y público.

El sistema acusatorio no es perfecto, pero es mejor que el inquisitivo que nos rigió por un siglo y medio. Concretar la Reforma Procesal Penal significó lograr acuerdos políticos transversales, inéditos en nuestra historia republicana. A toda esa voluntad política, académica y ciudadana por mejorar la justicia en Chile y dotarnos de un sistema que garantizara los Derechos Humanos de todos los intervinientes, se suma la inversión de cuantiosos recursos estos quince años, no sólo destinados al Ministerio Público, al Poder Judicial y la Defensoría, sino también a las policías, Gendarmería y el Servicio Médico legal, por nombrar algunos.

Hoy, las contradicciones entre lo que la ciudadanía demanda y lo que las autoridades pretenden, se hacen más patentes ante estas manifestaciones de justicia por propia mano. Ad portas que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que pretende crear una Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado cuyo impacto real de causas en el sistema es absolutamente marginal, pero que demandará importantes recursos, por otro ladovemos a los propios fiscales anunciar eventuales movilizaciones por no considerarse en los proyectos los temas de fondo que realmente impactan su labor: los problemas de dotación, de subrogancia, de carrera funcionaria y remuneraciones. Lo anterior no significa que la corrupción y el crimen organizado en general no sean importantes, pero hay una cuestión de prioridades. Así, la primera prioridad es dar soluciones de calidad jurídica al ciudadano, a la víctima directa de los robos, cuyas estadísticas siguen al alza sin que el sistema logre revertir esas cifras, ni se logren mejorar tampoco los estándares de persecución. Y parte de la solución pasa por mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales, para que cumplan debidamente con su trabajo diario, logren las condenas que corresponden y no se genere una sensación de permanente impunidad.

El tema del crimen organizado ya ha sido correctamente asumido por varias fiscalías regionales, que cuentan bajo su estructura organizacional con fiscalías de Alta Complejidad. Extender dicha modalidad a todo Chile, parece ser más razonable – atendida la falta de recursos y otros problemas que afectan al Ministerio Público- que crear una superestructura nacional. Insisto, la corrupción y el crimen organizado son temas muy importantes, pero estamos aún lejos de ser un país cuyo sistema democrático se vea seriamente afectado por dichas conductas. En cambio, al parecer, la impunidad por delitos comunes tiende a generar una sensación de mayor insatisfacción ciudadana y de desconfianza en sus instituciones, y esto último (la pérdida de confianza) sí merma la democracia.

En definitiva, el derecho de los ciudadanos a detener está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, pero sólo con el objeto de poner al supuesto implicado a disposición inmediata de las autoridades. Nunca puede ejercerse vulnerando los derechos de los imputados, y menos agrediéndolos de la forma que estamos presenciando. Las autoridades deben analizar, determinar y urgentemente corregir los factores que están incidiendo en estas prácticas, y evitar que en Chile se repliquen conductas de ajusticiamiento que son cada vez más habituales en otros países, algunos vecinos nuestros. Ello demanda revisar especialmente los actuales proyectos de ley y demás iniciativas que se están promoviendo dentro del sistema penal y atender particularmente la situación laboral de los fiscales, estableciendo prioridades. La justicia por propia mano, la autocomposición, es un retroceso del Estado de Derecho; es una conducta antisocial, derechamente delictiva, y no es otra cosa que venganza.