Nuestro país ha abordado la discapacidad desde distintos prismas o modelos, en una evolución histórica que ha ido asumiendo las distintas visiones que se han desarrollado sobre la temática en el mundo. Hoy, desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en el año 2008, hemos asumido un modelo centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, el cual nos desafía a abandonar el asistencialismo y generar las condiciones que permitan a las personas con discapacidad su plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades.

El nuevo paradigma sobre discapacidad ya no centra su análisis en la condición de salud de la persona, como único elemento constitutivo de ésta, sino que nos llama a entender la discapacidad como el resultado de la interacción de esa deficiencia con elementos contextuales, como barreras del entorno y restricciones a la participación en la sociedad. Lo anterior implica que en este nuevo modelo es la sociedad la que debe hacer las adecuaciones para incluir a las personas con discapacidad, eliminando esas barreras y evitando esas restricciones que impiden a las personas con discapacidad estar en igualdad de condiciones con las demás.

En este contexto, la principal consecuencia normativa en nuestro país es la Ley Nº 20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, de 2010. Esta Ley mandata la elaboración de un instrumento que aborde integralmente la temática y se transforme en una verdadera carta de navegación para la acción del Estado y una guía para nuestra sociedad, lo que se concretó el año 2013 con la Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2013 - 2020. Dicho documento se inspiró en el nuevo paradigma de la discapacidad, los principios y orientaciones establecidos en los instrumentos internacionales y recogidos por nuestra legislación en la materia, y por tanto, tiene como base el respeto de los derechos humanos y su promoción, así como la concepción y construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad, con las consecuencias sociales y culturales que de ello se derivan.

Consecuentemente, el rol del Estado es ser agente activo en la promoción de este cambio de paradigma social y cultural, basado en la libertad y la corresponsabilidad, de modo de progresivamente avanzar a un enfoque de promoción de aquellas capacidades de las personas con discapacidad que les permitan defender sus intereses con la mayor autonomía e independencia posible, participar de manera efectiva e integral en una sociedad respetuosa de la diversidad, y contraer compromisos y obligaciones al igual que todos los chilenos.

La adopción de esta Convención, como instrumento jurídico vinculante, obliga al Estado de Chile a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y asegurar que gocen de plena igualdad ante la ley. Además, y muy principalmente, obliga a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos.

Hace unos días, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea la Subsecretaría de DD.HH., institucionalidad que dependerá del Ministerio de Justicia. A este respecto, la Mandataria señaló que "cumplimos con un compromiso con el país, pero también con el deber superior que como Estado tenemos de dar el máximo nivel institucional a una materia tan trascendental como los derechos humanos".

Estamos muy cerca de cumplir 2 años de la actual Administración y de lo comprometido, en esta materia, nada se sabe a la fecha. Y me refiero no tan sólo a la institucionalidad como es la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad, sino también a Ley que obliga a las empresas a contar con trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, al día de hoy no hay ningún sustantivo avance y menos aún informado…

Honestamente y después de haber trabajado varios años en temas relacionados a discapacidad, existe la percepción que este tema hoy no forma parte de la agenda pública pues si así fuera, para alegría de muchos tendríamos avances concretos tal cual como se comprometió.

No obstante, los más de 2 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en Chile, aún esperan resignadamente de estos y otros anuncios pues ven en ellos, el futuro de sus familiares que han sido constantemente vulnerados y olvidados por el Estado.

En este sentido resulta oportuno reiterar el compromiso del Estado de Chile en orden a mantener un ineludible diálogo y trabajo común con las organizaciones civiles, como fuente de las políticas y programas sectoriales que a futuro se vayan definiendo.

Tengo confianza en que los nuevos lineamientos del Servicio Nacional de la Discapacidad puedan convencer a las distintas carteras de Gobierno que la discapacidad es una tema de Estado, que urge abordarlo desde todos los sectores: salud, trabajo, educación, accesibilidad, autonomía e independencia y sobre todo, desde la elaboración de políticas públicas que tengan su base en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que tienen la expertiz de trabajar con ellos anónimamente y con una vocación de servicio público que tenga un estándar de 24/7.