El lunes 11 de mayo, además del rimbombante cambio de gabinete, fueron anunciadas las primeras medidas de la comisión Engel, que vuelven a poner en el centro de la discusión la quinta reforma estructural del gobierno: las medidas contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

La salida del ahora ex ministro Rodrigo Peñailillo, causada por la falta de prolijidad para justificar los ingresos obtenidos por medio de Harold and John's Business and Law,  y la empresa de Giorgio Martelli, y por supuesto el Caso Penta, nos entregan luces sobre la estructura generada para financiar a políticos profesionales.

Las formas de hacer política en Chile son extremadamente absorbentes. Aún cuando la ciudadanía tenga una muy mala  evaluación de los partidos políticos, del Congreso Nacional y de todo lo que se relacione con estas instituciones, la Encuesta CEP  de abril muestra que un 36% de los consultados suscribe que los partidos políticos son indispensables para la democracia (resulta hasta paradójico contrastado con el 3% de confianza institucional en los partidos políticos, que refleja el mismo estudio).

La actividad política es altamente compleja y muy especializada. Peter Siavelis en su texto "La lógica oscura de selección de candidatos en las elecciones parlamentarias chilenas" (CEP, 2005)[1], entrega un completo panorama respecto de las formas en que incurren los partidos políticos para constituir las listas que competirán por un escaño en el Congreso Nacional. Si bien la descripción de Siavelis se enmarca en el sistema electoral binominal (recientemente modificado), el autor retrata el desgaste del proceso de negociación en el que incurren los encargados electorales y ciertos miembros de las mesas directivas de los partidos.

Las intensas negociaciones tenían como punto de partida el partido político, y paralelamente se realizaban en el subpacto y luego en la coalición (todo al mismo tiempo). Pocos son los llamados a participar de este proceso; se debe estar en posesión de características específicas (conocer normas electorales, manejar datos robustos de las votaciones anteriores y contar con la investidura de poder del líder, conocer a la mayoría de los actores involucrados, entre otras). Es así como se establece un sistema altamente restringido, en que además abundan los hombres (mujeres, jóvenes y minorías quedan aisladas de este proceso). Si a esto le sumamos la limitada capacidad de rotación de incumbentes, puesto que muchos parlamentarios tienden a permanecer en sus cargos por décadas, se transforman en gatekeepers (controlan los accesos) para los sectores socialmente excluidos.

Esta situación se repite (frecuentemente), en todos los niveles de la actividad política, no sólo para seleccionar candidatos para elecciones parlamentarias, sino también las municipales y las internas de los partidos políticos, en que abundan los políticos profesionales (conocidos comúnmente como operadores) que se dedican profesionalmente a negociar y decidir quiénes serán los llamados a la competencia intrapartidaria o interpartidaria.

Este ejercicio explica el por qué las mujeres tienen escaso acceso a los puestos de poder, pues entre las obligaciones familiares (cuidado de la casa y de los hijos) y las precarias condiciones laborales que padecen (dificultades para encontrar trabajo, brechas salariales, etc.), difícilmente pueden dedicar parte de su tiempo a este rito altamente complejo; asimismo los pueblos originarios y sobre todo los jóvenes, quienes también quedan excluidos de este intenso ceremonial.

Max Weber en su obra nos recuerda "vive de la política como profesión quien aspira a hacer de ello una fuente de ingresos permanente: vive para la política aquel en quien no ocurre eso". Weber nos recuerda también que los políticos que no viven profesionalmente de ella tienen un sistema de propiedad privada que vendría siendo una cuna noble en nuestros días. Son económicamente independientes (pueden reinventarse y vivir lejos del Estado). Sin embargo cuando se da espacio en la política a quienes "carecen de patrimonio propio, necesariamente deben ser remunerados", por lo que el político profesional que vive de la política puede ser literalmente un "funcionario a sueldo" (Max Weber, La Política como Vocación).

Weber complementa la reflexión acerca de los políticos profesionales de hoy.  Se habla por cierto con desprecio de quienes hacen de la política una actividad remunerada, no obstante alguien debe darse el trabajo de hacerlo cuando se vive en una sociedad. Pero esta actividad debe ser financiada por todos, debido a que la política regula las normas mínimas de convivencia en una sociedad, determina quiénes serán los delegados escogidos para tomar decisiones, diseñará y aplicará políticas públicas en el país, entre otras funciones de gobierno.

Las reformas tendrán efectos inesperados respecto de estas prácticas y sobretodo en la cultura del oscurantismo partidario, ya que en primer lugar estamos conversando sobre ellas, y desde los propios partidos se han atrevido a cuestionarlas. En segundo lugar, nos permitirá avanzar hacia el término de estas inconsistentes carreras aparentemente "meritocráticas",  basadas en la construcción de negociadores profesionales como única actividad conocida. Asimismo, entregará posibilidades de legislar en torno a endurecer las medidas de transparencia, y por su puesto a abrir los procesos de toma de decisiones internas, e incorporar más mujeres y minorías (unas primarias bien reguladas contribuirán mucho en ello), pero a su vez se atenuará -esperemos- el intenso proceso de negociación.

Esta es una reflexión necesaria que debemos hacer como sociedad, más allá de la inquina que puede producir la política como profesión. Entre todos debemos avanzar hacia mínimos comunes para mejorar la calidad de nuestra democracia.