Un 60% de los recursos mundiales de litio se encuentra en un área geográfica que cubre territorios de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), el llamado "Triángulo del Litio". Estos tres países llevan adelante políticas para el desarrollo de la industria de energía, que incluye tanto la exploración y explotación de estos recursos minerales como la instalación de plantas procesadoras y de manufactura. Para cumplir con estos objetivos se requiere inversiones, programas de investigación y desarrollo (I+D), infraestructura y un modelo de gestión que resguarde adecuadamente el medio ambiente y las comunidades.

Hasta ahora, la pregunta que se escucha con frecuencia es ¿en cuál de estos países conviene invertir para desarrollar un proyecto de litio? Quizás encontremos buenos argumentos para elegir A, B o C, pero ciertamente esta pregunta nos lleva a un escenario de A vs. B vs. C. Proponemos cambiar el escenario de competencia a uno de cooperación e integración: A+B+C. Las complejidades son obvias. Pero éstas responden a posiciones de voluntad política más que a limitaciones técnicas o geográficas.

Las bases de este nuevo escenario están dadas por algunas políticas que estos países ya han anunciado: Argentina ha fomentado la creación de empresas productoras de baterías de litio y su Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva financia centros de I+D en las provincias donde se encuentran sus reservas de litio; Bolivia ha hecho inversión pública en una planta piloto que fabrica baterías de litio, cuyos técnicos fueron capacitados en China, y constituyó la empresa pública Yacimientos de Litio Boliviano YLB que realizará las actividades de toda la cadena productiva del litio, pudiéndo asociarse con terceros que aporten con tecnología para los procesos de industrialización; Chile cuenta con las sólidas conclusiones de la Comisión Presidencial del Litio y con los programas de CORFO para desarrollo industrial en torno al litio y su incidencia en la energía solar. A+B+C no implica, por ahora, contar con una regulación común sino más bien acordar políticas públicas homogéneas con ciertos mínimos regulatorios que permitan armonizar la normativa interna de cada país; por ejemplo, esto ayudaría a tener estándares comunes en materia de protección ambiental o de los recursos hídricos, de forma tal que la explotación de los salares en un país no afecte el territorio de los países vecinos.

El Tratado Minero entre Chile y Argentina podría dar un marco regulatorio adecuado para esta integración, lo que requiere ser complementado por otros acuerdos en el ámbito de la integración energética, desarrollo de infraestructura, permisos migratorios, cooperación académica, entre otras materias.

Esta iniciativa, apoyada por organismos multilaterales como el Banco Inter Americano de Desarollo o la Corporación Andina de Fomento, contribuiría a una real integración entre nuestros países, potenciaría las ERNC, facilitaría la movilidad humana y permitiría el desarrollo sustentable de una industria relevante para las economías de la región.