Mauricio Macri ha superado una verdadera prueba de fuego. Una reforma que pretende poner algo de orden en un fisco desquiciado por años de clientelismo populista se convirtió esta semana en una batalla campal de la que salió vivo.

La violencia, organizada por grupos de extrema izquierda, la mayoría trotskistas, y el sector radical del peronismo enfeudado a Cristina Kirchner, pudo haber impedido la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados y dejar herido de muerte al Presidente, pero no lo logró. La Casa Rosada ha sobrevivido. El proceso de reformas que se le reclamaba a Macri en sus primeros dos años parece estar, ahora sí, en marcha. Y con ella, la posibilidad de que el mandatario argentino sea reelecto en 2019.

Macri no está privatizando las pensiones ni mucho menos. Sólo pretende cambiar la manera en que ellas se actualizan para que, en lugar de que lo hagan en función de la evolución de los salarios y la recaudación del ente que paga las jubilaciones, lo hagan ahora, en un 70%, de acuerdo con la inflación y, en un 30%, de acuerdo con los ingresos de la entidad estatal. Para compensar a quienes se vean perjudicados este año, el gobierno otorgará un bono excepcional. Bajo el kirchnerismo se otorgó derecho pensionario a varios millones de personas que nunca hicieron aportes al sistema y, para dotar d e dinero al ente que paga las jubilaciones, se utilizó ilegalmente dinero que debía ser destinado a las gobernaciones. Un sistema pues, que hoy, además de ser ilegal, está quebrado.

La respuesta violenta (162 heridos, intento de tomar el Congreso, destrucción material) no guarda proporción con la modestia de la reforma. Modesta, al menos, en comparación con las pensiones de tantos países latinoamericanos en los que son privadas. Recordemos que el sistema de capitalización individual iniciado en 1993, durante el gobierno de Menem, fue eliminado y confiscado por Kirchner en 2008. Ahora, en lugar de volver a un sistema privado, Macro sólo pide a la sociedad aceptar un poco de racionalidad en la gestión previsional estatal.

Esa racionalidad hará posibles las siguientes reformas, la tributaria y la fiscal, todavía pendientes de aprobación. No hay forma de devolver seriedad a la economía argentina si el Estado populista y mafioso que imperó durante años no se vuelve un Estado mínimamente disciplinado y transparente.

Felizmente así lo entienden muchos argentinos no peronistas, pero también muchos peronistas sin los cuales la situación parlamentaria de Macri no permitiría hacer reformas. La victoria de esta modificación previsional en Diputados, por 127 votos contra 117, se debió a que muchos diputados que responden a gobernadores peronistas (el peronismo controla dos tercios de todas las gobernaciones del país) votaron a favor de ella.

La coalición tácita entre Macri y parte del sector peronista no kirchnerista, muy reforzada desde que el oficialismo ganó las elecciones legislativas de mitad de mandato, es la clave de los próximos años. La clave de tres cosas: la continuidad de las reformas, la capacidad de resistir al embate kirchnerista y la posibilidad de ganar las elecciones en 2019.

No será nada fácil: Cristina Kirchner, cuya situación judicial es cada vez más grave, está decidida a huir hacia adelante y, con ella, el sector radical, que no se agota en La Cámpora, su núcleo duro al interior del peronismo. Los gobernadores peronistas desconfían de la capacidad de Kirchner de resucitar electoralmente y, en cambio, ven que la mejora de la economía abona en favor de Macri. Lo que quiere decir que abona en favor de los recursos fiscales que a ellos también les tocan.