La década de los '80 se muestra como un período clave para entender la debacle en la que ha caído la educación pública. Hasta esa fecha, y con múltiples esfuerzos, el modelo educativo chileno se podía catalogar como de provisión mixta (con una clara preponderancia y rol orientador del sector público, frente a las entidades colaboradoras del estado), que lograba –con dificultad– cubrir la matrícula nacional de niños y jóvenes de diversos lugares y realidades a lo largo de todo Chile.

La antesala de ese escenario fue alimentada por un nutrido debate de principios del siglo XX, donde diferentes agrupaciones dieron origen y forma a la Constitución Política de la República de 1925. Dentro de la misma, los docentes fueron un actor preponderante. Casas de estudio y facultades como el naciente Instituto Pedagógico de Chile fueron fundamentales en la construcción de la carta magna que dio sustento a la política educativa que se plasmó y complementó -hasta 1980- con reformas como las de Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y la Unidad Popular. Esta última (fracturada por la dictadura cívico-militar y desde 1981), presenció el desmantelamiento del antiguo sistema de educación, materializándose la municipalización como la alternativa a la mejora en acceso, cobertura y ejecución de recursos públicos.

Hacia fines de los '90, se comenzó a discutir y poner en la palestra la posibilidad de desmunicipalizar para volver a un sistema similar al imperante hasta 1980. Las grandes protestas estudiantiles y manifestaciones sociales ocurridas durante 2006 y 2011, donde se reclamaba por el derecho a una educación gratuita, pública y de calidad, fueron la antesala de lo desplegado –desde el ejecutivo y ambas cámaras– a partir del gobierno de Sebastián Piñera.

La actual gestión de Michelle Bachelet comprometió una reforma estructural en educación que contemplaba el proyecto de ley de desmunicipalización como puntal de lanza para el fortalecimiento de la educación pública. Luego de meses de debate y diálogo sobre esta materia, se aprecia una visible y profunda falencia. La redistribución de recursos desde el fisco sin atender a las características particulares de los contextos locales y escolares diversos, la lógica del voucher y el pago de la deuda histórica, son pilares que no se han abordado a lo largo de este proceso. El primero y el segundo simbolizan el nudo crítico del financiamiento público educativo (contra-demanda y no en favor de la oferta), mientras el tercero materializa la precarización y falta de valoración con la que se tratado al profesorado nacional.

Debido a lo anterior, las y los docentes invalidan –tal cual está– este proyecto de ley. En la última consulta efectuada por el Directorio Nacional del gremio, el 84% de los profesores colegiados encuestados –a lo largo del país– manifiesta un rechazo a la dirección que proyecta esta modificación estructural, indicando que su opinión no es coincidente ni vinculante dentro de este debate. Los antecedentes recientes demuestran que las reformas han fracasado, en gran medida, porque se diseñan, promulgan y despliegan sin el visaje y la participación vinculante y mayoritaria de los involucrados. Urge, por tanto, la necesidad de levantar voces que peleen y discutan, desde diferentes espacios y niveles, esta contradicción histórica.

¿Queremos desmunicipalizar? Por supuesto que sí, pero en serio. De manera global y derribando los enclaves neoliberales montados por la dictadura. Para ello tenemos que crear y fortalecer (con recursos y atribuciones) una nueva institucionalidad que asuma la responsabilidad de las escuelas públicas. Es momento de que las y los docentes vuelvan a ser actores desplegados en diversos escenarios dentro del debate nacional. Desde ahí, una bancada de parlamentarios que reivindique los valores de la educación pública al interior del Congreso chileno es crucial para iniciar un camino de vanguardia, donde seamos capaces de llevar adelante las reformas y las transformaciones necesarias que reflejen los anhelos de justicia, equidad y libertad que se han perdido en los últimos años.

Hoy debemos empujar lo que por décadas otros han dicho que harán, pero han fallado. Es la hora de avanzar hacia un tránsito como el iniciado por los docentes de principios del siglo XX, que cristalizó en el modelo educativo chileno y la política pública más significativa de la historia de nuestro pueblo. Ahora es cuando debemos golpear la mesa y recuperar, fortalecer y profundizar –de una vez por todas– la Educación Pública para los niños y jóvenes de cada rincón de Chile.