La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones –Comisión Bravo- entregó hace algunos días sus propuestas a la Presidenta Bachelet, sin lograr unanimidad en el abordaje de las soluciones a las profundas brechas de género que exhibe el actual sistema. 

Así, aun cuando en dicha instancia existió consenso acerca de que el sistema requiere reformas para incrementar las pensiones de las y los actuales jubilados y crear las condiciones para acceder en el futuro a mejores jubilaciones, no hubo acuerdo en la naturaleza y profundidad de las mismas, por lo que, en lo grueso, se hicieron dos propuestas.

La Propuesta A plantea mantener el sistema actual de pensiones basado en las AFP, pero con modificaciones que no son suficientes para hacer una transformación en favor de las mujeres. La Propuesta B, en cambio, sugiere superar el concepto de que "cada uno recibe lo que alcanzó a ahorrar" e introduce el enfoque de derechos y los principios de protección social y solidaridad. Con ello, sí se apunta a acortar en parte la brecha de género en las pensiones.

En Chile el 84,4% de los trabajadores gana menos de cuatro sueldos mínimos líquidos $724.500 (NESI, 2014). El caso de las mujeres, es aún peor, pues el 87,5% de ellas está en esta situación. Si a los bajos salarios sumamos alta inactividad, informalidad, desempleo, menor edad de retiro y sistema de capitalización individual, es esperable que ellas tengan bajas pensiones. Pero no hay que olvidar que esta precariedad laboral no es antojadiza, sino que responde a los roles de género asignados tradicionalmente.

Creemos firmemente en la necesidad de un sistema más solidario que reconozca el carácter inequitativo en términos de género del mercado laboral, que busque compensar a las mujeres y que asuma las labores del hogar como un trabajo. Ya no es posible desconocer que ellas tienen dificultades que los hombres no enfrentan: sus sueldos son castigados por la posibilidad de la maternidad, todo el costo de la crianza y el cuidado recae en sus hombros, estudian carreras menos valoradas en el mercado laboral, están concentradas en actividades económicas peor remuneradas, se distribuyen principalmente en posiciones medias o bajas dentro de las organizaciones y enfrentan mayor desempleo.

Es por ello que, junto con introducir cambios al sistema de pensiones, es clave equipar las condiciones laborales para hombres y mujeres y eso pasa, entre otras cosas, por hacer una reformulación a todo el sistema de protección a la maternidad contenido en el Código del Trabajo. Como hemos venido sosteniendo, éste deposita la responsabilidad del cuidado exclusivamente en las madres trabajadoras. La legislación laboral debe modernizarse y asumir que los responsables de la familia son los hombres, las mujeres y la sociedad en su conjunto. Eso haría una diferencia sustantiva, que impactaría en las pensiones de las mujeres.

De las propuestas de la comisión, creemos en la necesidad de igualar gradualmente la edad de jubilación de mujeres y hombres a los 65 años. Pero estamos ciertas de que ésta no debe ser una medida de corto plazo, sino más bien ser adoptada tras un compromiso y acción explícita para resolver las desigualdades sistémicas primero. Además, esta medida no debiera aplicarse a las mujeres cercanas a la edad de jubilar; de haber un cambio en las reglas del juego habría que resguardar que éste afecte sólo a las mujeres que tienen más tiempo para "invertir" en sus jubilaciones. Y, por cierto, generar los incentivos que permitan que las personas mayores de 60 años continúen trabajando.

Una propuesta de la comisión que nos parece atendible en el corto plazo es la eliminación del retiro programado y la igualación de las tablas actuariales entre hombres y mujeres. El  uso diferenciado de estas últimas es totalmente discriminatorio contra las mujeres y el retiro programado -modalidad de pensión más representativa del individualismo del sistema- es muy perjudicial para ellas: dado que tienen menos posibilidades de ahorrar y sus cuentas de capitalización individual tienen fondos insuficientes para otorgar pensiones dignas.

Si propiciamos que las mujeres estudien oficios o profesiones de mayor productividad, si equiparamos los costos de contratación y fortalecemos la ley de igualdad salarial, los salarios entre hombres y mujeres debieran tender a equipararse. Y si ello lo compensamos con mecanismos de solidaridad al interior del sistema de pensiones, podríamos avanzar hacia la igualdad en las pensiones. Con procesos de envejecimiento y alta esperanza de vida, urge hacerse cargo de este tema.